Después de tomar declaración a altos cargos de la CNMV para aportar luz al tema de las posiciones bajistas y de intentar aclarar qué dijo exactamente Elke König, máxima responsable de la Junta Única de Resolución de la UE, en su última declaración, previa solicitud de la transcripción íntegra de la traducción de sus palabras, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central Cuatro de la Audiencia Nacional continúa con la instrucción del ‘caso Popular’.
Una instrucción que, según fuentes jurídicas consultadas, está especialmente condicionada por el contenido del único informe pericial incorporado a la causa, el que en 2019 realizaron los inspectores del Banco de España.
A falta de otro documento que explique lo ocurrido en la caída del Popular, este único informe pericial señala textualmente que “en este caso, las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva”.
La investigación del juez Calama se centra en determinar las responsabilidades que pudieron tener en la caída del banco los consejos de administración presididos por Ángel Ron y Emilio Saracho y la del auditor PWC desde la ampliación de capital de mayo de 2016 hasta la resolución del banco en junio de 2017.
Las fuentes jurídicas consultadas señalan que la contundencia del informe de los inspectores del Banco de España, que descarta cualquier responsabilidad de los administradores anteriores va a condicionar toda la instrucción judicial pendiente y no es previsible que se produzcan actuaciones que desmientan o deslegitimen lo que han establecido los inspectores de la máxima autoridad bancaria.
Ese informe, recuerdan las fuentes consultadas,
señala que esos administradores habían dejado medidas para reforzar la solvencia y liquidez del banco, que eran perfectamente ejecutables y que hubiesen evitado la resolución del Popular.
Por otro lado, los inspectores firmantes del informe, apuntan claramente a una responsabilidad de las instituciones implicadas en la resolución, cuando afirman que la causa de las pérdidas de los inversores es la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de una subasta competitiva. Los inspectores reiteran a lo largo del texto que el Popular permaneció solvente, con un patrimonio neto de ceca de 11.000 millones de euros y, lo que es clave en la instrucción judicial, viable porque tenía una capacidad de generación de beneficios ordinarios recurrentes antes de provisiones de 1.150 millones de euros anuales hasta que fue resuelto.
