La Audiencia de Sevilla ha condenado a 15 años y a 6 años de cárcel, respectivamente, a dos mujeres acusadas de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral tras poner en marcha un plan para obtener beneficios económicos mediante la explotación laboral de ciudadanas nicaragüenses.
Según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las condenadas recurrían a mujeres que estaban en su país precisadas de obtener ingresos, ya fuera por una situación laboral precaria e insuficiente para su sustento personal o familiar o por encontrarse sin trabajo.
En la sentencia, el tribunal considera probado que, desde al menos febrero del 2018, las dos mujeres condenadas -ambas en prisión provisional por esta causa- decidieron “de común acuerdo” poner en marcha un plan que pudiera reportarles beneficios económicos mediante la explotación laboral de ciudadanas nicaragüenses que, por estar en su país precisadas de obtener ingresos, consintieran trasladarse a España desde su país de origen.
De este modo, la operativa diseñada consistía en que la principal condenada “embaucara a las víctimas hasta convencerlas bajo la falsa promesa de encontrar en España, y concretamente en Sevilla, un trabajo digno y bien remunerado en el servicio doméstico, haciéndoles ver que en todo caso ese trabajo mejoraría su situación y paliaría sus necesidades”.
“Con tal finalidad”, dicha acusada asumiría los gastos del viaje, “cuyo verdadero coste debía ser ocultado”, y “simularía” su entrada en calidad de turistas, de tal forma que, una vez en España, “les haría ver a sus víctimas que habían contraído una elevada deuda por el desplazamiento, que oscilaría entre los 3.500 y los 7.000 euros”.
Esta cuota la podrían abonar trabajando en los empleos que les proporcionada la otra condenada en el servicio doméstico y cuidando a personas mayores, siendo ésta acusada la encargada de alojar a las mujeres en los pisos de que disponía en Sevilla capital “a sabiendas de sus reducidas dimensiones y de que, por el número de personas de las que se harían cargo, tendrían que alojarlas en condiciones indignas de hacinamiento”.
El tribunal condena a una de las acusadas por cuatro delitos de trata de seres humanos y le impone por cada uno de ellos cinco años de prisión, mientras que también la condena a tres meses de cárcel por un delito de tráfico ilícito de migrantes en su modalidad de ayuda a la entrada, así como a diez años de prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 200 metros de cuatro de las víctimas.
No obstante, y ascendiendo la suma de las cinco penas de prisión a 20 años y 3 meses, el tribunal establece el límite de cumplimiento en 15 años de cárcel, con extinción de la penalidad que lo exceda, por aplicación del artículo 76 del Código Penal.
