El lunes, tres de las personas sin hogar que dormían en el asentamiento en los bajos del Balneario de La Palma de La Caleta, en Cádiz, interrumpieron la lectura de un manifiesto por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) reclamando a las administraciones que actuara cuanto antes tras la muerte el viernes 26 de un hombre de 53 años que pernoctaba allí.
“No sabéis nada, todo es mentira, no venís a ayudar”, acusó a los congregados por la entidad un joven con acento extranjero que se identificó como amigo de la víctima. “Lo comprendo, la situación del colectivo es muy difícil”, se excusaba, por su parte, Rafael Lara, portavoz de APDH-A, al término del acto, una vez que los ánimos se relajaron.
“Es un fenómeno complejo”, responde Rocío Urbano, trabajadora social de Calor en la noche, cuando se le refiere el episodio. Para encararlo, apela a que “nos involucremos todos”. “La provincia es solidaria”, se felicita. En solo unos días, han conseguido medio centenar de mantas que repartirán entre los afectados de Cádiz, Jerez, El Puerto y San Fernando para hacer frente al frío. Pero también pide que, individualmente, recordemos que “simplemente una sonrisa o preguntarles cómo están” ayuda mucho.
E incluso así, Urbano, que está en contacto directo con las personas sin hogar, remarca que ganarse la confianza de quien vive en la calle y entablar relación no resulta sencillo.
“No están en la calle porque quieren”, advierte, por su parte, Rocío Mateos, integrante del equipo de calle de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz. “Acaban sin hogar porque son víctimas de adicciones, problemas mentales, abusos sexuales, violencia de género, problemas sociofamiliares y, a veces... todo junto”, explica.
Sin red, cuanto más tiempo sufren la situación de abandono, más complicada es la reinserción. “Es un proceso lento y laborioso que no siempre acaba bien. Es muy común comenzar la actuación tramitando el DNI o la tarjeta sanitaria -agrega-, una cuenta en el banco, que es una odisea porque nos han llegado a decir que este no es el tipo de clientes que quieren en la entidad, o el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”. Aunque muchos tienen pensión. “La falta de recursos no te lleva necesariamente a la calle”, pero tener ingresos precarios sí dificulta salir de ella.
“¿Quién puede pagar un alquiler en la capital con ingresos mensuales de 420 euros?”, se pregunta Urbano. “Si un trabajador mileurista tiene problemas para vivir, ¿cómo lo tienen las personas sin hogar?, anima a reflexionar.
La Fundación Atenea, responsable del equipo de calle del Ayuntamiento de Cádiz tiene una vivienda tutelada con seis plazas donde Carmen Acosta, también trabajadora social, hace labores de acompañamiento a los ocupantes, que no pagan alquiler.
“Muchos tienen que volver a aprender a convivir, adquiriendo, por ejemplo, nuevamente hábitos de limpieza”, asegura Diego Rodríguez, administrativo de la asociación Iguales en Acción, integrada por personal técnico, voluntarios y personas sin hogar ya reintegradas, que cuenta con tres pisos, dos para un inquilino cada uno, y otro, en Cádiz, cedido por la sociedad municipal de vivienda de Cádiz, Procasa, con otras tres plazas.
“Ellos quieren salir y precisan de viviendas porque los albergues son recursos puntuales”, advierte, al tiempo que, en la línea de la APDH-A, reclama a las administraciones públicas que garanticen el derecho a tener un techo a todo el mundo. “Que el que esté sin hogar, sea por decisión propia, no porque no pueda acceder a ello”, resumía el lunes pasado Rafael Lara durante la lectura del manifiesto.
Paralelamente, las entidades se emplean a fondo para tratar de conseguir un puesto de trabajo que termine de reintegrar a las personas sin hogar. Iguales en Acción ha conseguido colocar a muchos de ellos en labores de cuidados de personas mayores y dependientes, y también en tareas de mantenimiento, para lo que firmaron un acuerdo con la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA).
La Fundación Atenea también ha conseguido desde febrero que tres de sus usuarios consiguieran una nómina. Un hostelero que contrató a dos cuenta que, llegado a ese punto, constató que conseguir que vuelvan a tener una vida normal es complicado. “Uno de ellos no superó el periodo de pruebas, pero el otro, sí, estuvo en nómina todo el verano y, tras pagarle el finiquito, no volvió a aparecer pese a que contaba con él por su capacidad para estos meses”, lamenta. Sin embargo, volverá a abrir las puertas de su establecimiento a otros en sus circunstancias. “Todo el mundo tiene derecho a otra oportunidad”, concluye.
Polémica por la actuación policial y de los Servicios Sociales en La Caleta
Las redes sociales se hicieron eco esta semana de la actuación de la Policía Local y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz en los bajos del Balneario de La Palma, en La Caleta, donde se instalaron personas sin hogar hace unas semanas. Cuestionados por ello por algunos usuarios en Facebook, Rocío Mateos, del equipo de calle, lamenta que no se contrastara la información. El propio Gobierno local aclaró que no se desalojaron y se les informó previamente de la acción que se iba a llevar conforme al protocolo que hay que cumplir para desinfectar la arena de la playa e informar de los recursos municipales de los que disponen.
