El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha trasladado a los distintos grupos políticos de la Corporación, reunidos este miércoles en Junta de portavoces, la propuesta del alcalde, Antonio Muñoz, para la configuración del Consejo Consultivo del Real Alcázar, conforme a los nuevos estatutos del Patronato del monumento y de la Casa Consistorial aprobados por el Pleno municipal el pasado mes de diciembre.
De acuerdo con estos estatutos, serán miembros natos el alcalde y presidente del Alcázar, Antonio Muñoz; la próxima vicepresidenta y delegada de Hacienda y Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento, Sonia Gaya, y el alcaide del monumento, Román Fernández-Baca, destaca el Consistorio en un comunicaodo.
En cuanto al resto de los miembros de la sociedad civil y expertos de reconocido prestigio, la propuesta del alcalde incluye mantener a todos los que conformaban el Patronato antes de la renovación de los estatutos, sustituyéndose el representante de Patrimonio Nacional por el cambio en la presidencia de este organismo del Estado --Ana de la Cueva Fernández--, e incorporando a Carmen Calvo Poyato y a María Isabel Izquierdo Peraile.
Se suman, así, a Carlos Fitz-James Stuart y Martín, Isabel León Borrero, Pilar León-Castro Alonso, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, Braulio Medel Cámara, Eduardo Mosquera Adell, Benito Navarrete Prieto, Antonio Pulido Gutiérrez y Enriqueta Vila Villar, quienes ya eran miembros del Patronato del Real Alcázar.
Carmen Calvo (Cabra, Córdoba), doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba y licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla, ha sido vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (enero 2020-julio 2021), vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (junio 2018-enero 2020), ministra de Cultura (2004-2007) y consejera de Cultura de la Junta de Andalucía (1996-2004).
Entre sus múltiples acciones, el Ayuntamiento destaca su impulso, creación y gestión del Museo del Prado de Madrid, así como el de la reforma del Museo de Arqueología Nacional y la consolidación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) como institución de referencia a nivel nacional e internacional.
Por su parte, María Isabel Izquierdo Peraile es doctora en Historia con especialidad en Arqueología por la Universidad de Valencia, premio extraordinario de Licenciatura y Doctorado. Ha desarrollado su faceta investigadora y docente participando desde 1995 en diversos proyectos de investigación, con estancias internacionales en Perugia, Londres y París.
Su trayectoria científica se ha orientado hacia la investigación de la cultura ibérica. Facultativa por oposición del Cuerpo de Conservadores del Museos del Estado, perteneciente al Ministerio de Cultura, es número uno de su promoción. Desde 2005 hasta 2014 fue jefa del servicio de Planificación de la Subdirección General de Museos Estatales, ha ocupado distintos puestos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y desde octubre de 2020 es directora de Programación de la sociedad estatal Acción Cultural Española.
Los informes del Consejo Consultivo, aunque preceptivos, no podrán ser vinculantes, a tenor de la interpretación de la Secretaría General del Ayuntamiento con respecto a la legislación actual de órganos autónomos locales. Eso sí, cuando el Consejo Rector se aparte del dictamen, deberá motivar expresamente su decisión.
El Consultivo habrá de pronunciarse, además, sobre cuestiones de capital importancia dentro de la gestión del recinto palaciego, entre ellas el anteproyecto de Presupuestos, las estrategias de gestión, uso y conservación, los planes para conservación y restauración, el Plan Director o la programación cultural. Se trata, por tanto, de un Consejo Consultivo que se le atribuye el máximo de facultades que permite la ley en cuanto a este tipo de órganos, al determinar las políticas cultura, presupuestaria y de conservación del monumento.
Muñoz ha destacado el relevante perfil que, en materia de gestión
patrimonial y cultural, tiene el conjunto de los miembros propuestos y ha
destacado que los objetivos principales que persiguen los nuevos estatutos
"son reforzar la profesionalización de la gestión y las políticas de conservación y garantizar la participación de los expertos independientes".
