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Condiciones laborales de la Inspección Educativa andaluza

¿Llegará el momento de que esta Inspección Educativa deje de padecer la maldición de -Sísifo- y no tenga por qué redefinirse continuamente?

Publicado: 05/02/2022 ·
15:54
· Actualizado: 05/02/2022 · 15:55
Autor

Rafael Fenoy

Rafael Fenoy se define entrado en años, aunque, a pesar de ello, no deja de estar sorprendido cada día

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En este blog se pretende compartir análisis, reflexión y algo de conocimiento contigo persona lectora

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Desde que se puso en funcionamiento la Inspección Educativa en Andalucía, allá por el año 1982, hasta la fecha se pueden distinguir dos etapas. La primera en la que se sigue con la trayectoria del ordenamiento de la misma desde el Reglamento de 1967, que sobrevive tanto a la finalización de la Dictadura del General Franco, como a la primera transición que protagoniza el partido político Unión de Centro Democrático (UCD). Este reglamento dejó de utilizarse después de 20 años en Andalucía con la regulación contenida en el Decreto de 1987. De hecho las modificaciones sustanciales que introduce en materia de Inspección Educativa la Ley General de Educación de 1970 no se materializa en su totalidad hasta 25 años después, en diciembre de 1995, con la creación de un único Cuerpo de Inspectores de Educación. La segunda etapa se inicia en esta fecha.

Comentando el libro “La Inspección de Educación de Andalucía. Origen, desarrollo e intervención en los centros.” (Eduforma 2015), escrito por el que fuera Inspector General Joaquín Oliver desde 1993 hasta el 2010, Francisco A. Gomera (Paco Gomera) dice lo siguiente: Probablemente, por todo ello, sea la Inspección de Educación una de las muchas profesiones que está condenada (o premiada) –como Sísifo- a tener que redefinirse continuamente. Matizando el pensamiento de Paco se tendría que apostillar aquello de que “Poco nuevo bajo el sol”. Incluso Joaquín Oliver, después de dirigir la Inspección Educativa andaluza los primero 17 años del inicio esta institución educativa, puede dar fe de cómo las condiciones laborales, en las que debe actuar las personas que se dedican a la supervisión del sistema educativo andaluz, han mejorado muy poco. Una prueba de ello se encuentra en el contenido de la reunión que el pasado martes 25 de enero, la junta directiva de ADIDE Andalucía (Asociación de Inspectores-as de Andalucía) mantuvo con el Sr. Consejero de Educación y Deporte, D. Javier Imbroda, en la que también estuvieron presentes la Sra. Viceconsejera, Dª. M.ª Carmen Castillo, y el Sr. Inspector General, D. Manuel Jesús Sánchez Hermosilla, al objeto de además de presentarse como nueva Junta Directiva de la asociación, expusieran varios asuntos que preocupan a quienes trabajan en calidad de Inspectoras e Inspectores de Educación. Además de presentar asuntos relacionados con el acceso, tanto al cuerpo de Inspección de Educación, como al desempeño interino de los puestos de trabajo vacantes, pretendieron abordar los siguientes: 1 Revisión de la cuantía de la indemnización por razones de servicio debido a desplazamientos, para incrementar los 19 céntimos por kilómetro actuales. 2. Suscripción de una póliza de seguro con cobertura en caso de accidentes en el uso de los vehículos personales para cuestiones laborales, 3. Participación de los inspectores e inspectoras en la formación del profesorado.

Cualquier persona relacionada con la Educación o que tenga referencias del trabajo que la Inspección de Educación realiza, puede quedar sorprendida de que a estas alturas del siglo XXI se estén planteando estas cuestiones que deberían estar más que resueltas después de 40 años: Que las inspectoras e inspectores utilizan sus vehículos particulares para visitar centros educativos es de dominio público. Que del desgaste de esos vehículos y su devaluación con el paso de tiempo y el gasto de moverlos, mantenerlos operativos, pagar seguros e impuestos etc… no se compensa con esos 0,19 céntimos de euro por kilómetro realizado. Que realizan muchos kilómetros y que el andar por carreteras de todo tipo para llegar hasta el último rincón de la geografía andaluza, supone un riesgo cierto. ¿Y no hay un seguro contratado por la Junta de Andalucía para cubrir el posible, real en bastantes ocasiones, infortunio?

Y si la Inspección de Educación tiene un conocimiento directo de lo que acontece en la enseñanza ¿Cómo es posible que no se cuente con ella para la formación de los docentes actuales y futuros?

Estas y otras preguntas se llevan haciendo desde hace muchos años por eso podría optimistamente confiar en que  llega el momento de que esta Inspección Educativa deje de padecer la maldición de -Sísifo-  y deje de  tener que redefinirse continuamente.

Fdo Rafael Fenoy

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