Tenía una buena nómina pero su situación cambió y no podía hacer frente a las cuotas e intereses de los préstamos y créditos al consumo que se le habían acumulado. Aunque intentó negociar con bancos y entidades, no le ofrecieron facilidades y tuvo que acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, entrar en concurso de acreedores y, tras dos años de un arduo proceso, ha conseguido que el Juzgado de lo Mercantil 3 de Sevilla cancele su deuda, 77.594 euros, y ahora pueda iniciar una segunda vida.
No paga porque no puede, no porque no quiereC. J. es uno de los 354 particulares y autónomos que se han acogido en Sevilla a la Ley de Segunda Oportunidad desde su aprobación, en el año 2015, aunque, con la pandemia y los efectos que ha tenido sobre trabajadores y, especialmente, sobre los autónomos, el balance de 2021 se espera que sea muy superior por el incremento de los sevillanos que se consideran “sobreendeudados”.
Ana Isabel García, la abogada de Repara tu Deuda que ha llevado el procedimiento de este sevillano, explica que el caso de este particular entra dentro del perfil de los que acuden a esta herramienta judicial: acumulación de créditos, mala gestión, desconocimiento de las cláusulas abusivas de algunas entidades e imposibilidad de llegar a un acuerdo con bancos y empresas de créditos al consumo, con una “cláusulas abusivas y falta de transparencia” que le impedían afrontar su vida diaria.
García explica que con la Ley de Segunda Oportunidad, cualquier persona física o autónoma puede plantear su propio concurso de acreedores y que un juzgado le conceda el llamado Beneficio de Exoneración Pasivo Insatisfecho, el BEPI, cancelándole la deuda, que en esta caso superaba los 77.000 euros. Pero hay que cumplir unos requisitos, aclara, como que la deuda sea inferior a 5 millones, que haya habido un intento de negociación previa para afrontar las deudas, poner los bienes a disposición del proceso para una posible liquidación, y ser deudor de buena fe, que no se oculten ni bienes ni ingresos. “No paga porque no puede, no porque no quiere”, aclara la letrada.
El procedimiento suele durar una media de 18 meses aunque en el caso de este sevillano se alargó más, tanto por la incidencia de la pandemia como unos embargos acumulados en la nómina, “que nos costó levantarlos”, reconoce García. Durante este tipo de procesos, tras declararse el concurso, hay una fase de liquidación en la que se ponen en venta los bienes que se posean para repartir entre los acreedores aunque hay bienes que son excluidos de esa liquidación, ya sea si se demuestra que el vehículo es necesario para que un autónomo siga trabajando o si la vivienda habitual es en la que se está empadronado y se está al corriente de la hipoteca, por ejemplo.
García destaca la importancia de la Ley de Segunda Oportunidad para hacer frente a cambios de situaciones que impiden afrontar las deudas, porque el perfil es muy amplio y va desde el que ha tenido problemas de salud al que debe afrontar las consecuencias económicas de un divorcio, los que avalan a familiares que dejan de pagar o los autónomos, que en muchas ocasiones abandonan la actividad pero a los que derivan las deudas pese a que ya no tienen actividad. “En 2021 esperamos un incremento, porque si en 2020 se esperaba, a ver si mejoraba, alargando la situación, con las sucesivas olas ya no podían más con esa situación”, apunta García, algo que se ha dado mucho en los dos últimos años con los autónomos.
“La Ley de Segunda Oportunidad ya era necesaria en 2015 pero con el Covid ha habido un repunte importante”, explica la letrada de Repara tu Deuda, que asegura que antes era una herramienta conocida pero que ahora “se va conociendo” y en el caso de su despacho, especializado en este tipo de procedimientos, ya ha conseguido cancelar 70 millones de euros en toda España. “Esto no es un engaño, ahora hay sentencias que demuestran que es verdad, que un juez concede la cancelación de las deudas”, e insiste, “el importe de la deuda no es tan determinante, sólo cumplir los requisitos” y recuerda que incluso los propios juzgados, en sus sentencias, están declarando abusivas muchas de las cláusulas en las que incurren muchas entidades de crédito al consumo, sobre las que reconoce deberían ser más transparentes y tener más control.
