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Málaga

El Gobierno reconoce la catástrofe por el incendio forestal de Pujerra

Declara la zona, con otros puntos de la geografía nacional, Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil

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  • La superficie recorrida ronda las 4.860 hectáreas de los términos de Benahavís, Estepona, Faraján, Igualeja, Jubrique, Júzcar y Pujerra
  • Se establecen diversos tipos de ayudas por diferentes conceptos y se actuará desde el Ministerio del Interior para paliar los daños
  • Se actuará desde el Ministerio del Interior para paliar los daños y para la recuperación de las zonas afectadas

El Consejo de Ministros ha acordado este lunes declarar Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil (ZAEPC) --antes denominada zona catastrófica-- a la comunidad autónoma de Andalucía por el incendio declarado el pasado 8 de junio en Pujerra, y que afectó a los términos municipales de siete municipios de la provincia de Málaga. Así lo ha dado a conocer la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha informado en rueda de prensa que esta declaración se extiende a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Foral de Navarra, Valenciana y de la Región de Murcia por los incendios forestales que tuvieron lugar durante la ola de temperaturas extremadamente altas que afectó a casi todo el territorio peninsular en el mes de junio.

 

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En el caso de Málaga, las condiciones climáticas se sumaron a la complicada orografía del terreno y la densa arboleda de la zona, lo que dificultó las labores de extinción, donde han resultado heridos tres bomberos forestales del Plan Infoca con quemaduras de diversa consideración. Así, el incendio se declaró sobre las 15.00 horas del miércoles 8 de junio en el paraje La Resinera de Pujerra y obligó a activar el nivel 2 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales en su fase provincial y solicitar el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El día 15 de junio se dió por controlado y no ha sido hasta este pasado domingo 26 de junio, a las 20.00 horas, cuando ha quedado extinguido. En las labores, que han durado cerca de 20 días, han trabajado más de 3.300 profesionales del Plan Infoca repartidos en distintos turnos, contando con 142 vehículos terrestres y hasta 234 misiones aéreas, desplegando para ello hasta 22 medios por día. Por parte de la UME, se sumaron 233 efectivos, con 23 vehículos ligeros y 58 vehículos.

 

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Ahora, tras la declaración de ZAEPC --la antes denominada zona catastrófica--, el Gobierno debe aplicar las medidas de recuperación previstas en su Capítulo V del Título II para paliar los daños y recuperar las zonas afectadas por los incendios forestales, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior.

La superficie provisional recorrida por las llamas ronda las 4.860 hectáreas de los términos municipales malagueños de Benahavís, Estepona, Faraján, Igualeja, Jubrique, Júzcar y Pujerra, según el último informe provisional. Por prevención, los servicios de emergencia procedieron al desalojo de unos 2.000 vecinos de la localidad de Benahavís, de Velerín Alto y de las urbanizaciones Montemayor, Marbella Club y Benahavís Hills.

Zona catastrófica

 

Ahora, tras la declaración de ZAEPC --la antes denominada zona catastrófica--, el Gobierno debe aplicar las medidas de recuperación previstas en su Capítulo V del Título II para paliar los daños y recuperar las zonas afectadas por los incendios forestales, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior.

En concreto, se recogen ayudas directas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente (18.000 euros); ayudas por destrucción o daños en enseres de primera necesidad, con un límite de 2.580 euros; ayudas por destrucción total de la vivienda habitual, con un máximo de 15.120 euros; ayudas por daños a la estructura de la vivienda habitual, el 50% de los daños, con un máximo de 10.320 euros; ayudas por otros daños en la vivienda habitual, el 50% de los daños, con un máximo de 5.160 euros.

También se recogen ayudas por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios, el 50% de los daños, con un máximo de 9.224 euros; a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes, el importe total de los gastos; así como a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos, hasta 9.224 euros; y a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, entre el 50% y el 100%, según los casos.

El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

Asimismo, se prevé la adopción de otras medidas de ayuda, condicionadas a lo que establezcan las órdenes ministeriales dictadas por cada uno de los diferentes departamentos competentes para desarrollarlas, y que van desde beneficios fiscales a medidas laborales y de Seguridad Social, ayudas a las corporaciones locales y daños en infraestructuras públicas y dominio público.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es habitual estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social. El Ministerio de Política Territorial concederá ayudas, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Y los restantes ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras, para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.

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