Mariama llegó a Marruecos en marzo de 2019 habiendo hecho el camino por tierra desde Guinea. Un año después, según el relato contenido en el informe Derechos humanos en la Frontera Sur 2022, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), embarcó hacia Andalucía desde Larache. Su pequeño, de 3 años, y el de una compañera guineana, de 4, fallecieron en ese intento de cruce. “La patera se hundió muy lentamente. Yo caí al agua y se me escapó de los brazos mi hijo. Buscaba y buscaba. Delante nuestra estaban como unos militares marroquíes, pero no hicieron nada por ayudarnos”. El cuerpo de su vástago se encontró y pudo ser enterrado en Tánger gracias al apoyo de la comunidad guineana, prosigue el testimonio recogido por la organización, pero el de su compañera consta como uno de tantos desaparecidos que “llevan arrastrando las madres y que se agolpan en los avergonzados fondos marinos a quienes seguimos diseñando e imponiendo la gestión fronteriza”.
Desde 1988, los numerosos naufragios registrados en la Frontera Sur ha costado la vida al menos a más de 12.208 personas, según las estimaciones de APDH-A. Su responsable del área de Migraciones, Ana Rosado, denuncia la “desprotección institucional” de las familias de las víctimas. “Es inaudito que la información sobre los protocolos de búsqueda de estas personas dependa de la voluntariedad del funcionariado o de las ONG que trabajan en el terreno ante la desidia de la Administración”, lamenta.
Si bien reconoce la dificultad para hallar a las víctimas por la barrera idiomática o por la falta de documentación de las mismas para evitar que, en caso de completar con éxito la travesía, sean deportadas de retornadas a sus países de origen de manera inmediata, Rosado achaca a las “trabas burocráticas y el sesgo racista y xenófobo de las políticas migratorias” una situación que demuestra que, “para quienes gobiernan, todas las vidas no valen lo mismo”.
Al respecto, la catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha y directoral del Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía (Giemic), María José Aguilar, remarcaba en un artículo publicado en 2018 “el carácter tanatopolítico” de los dispositivos del Estado español y los estados europeos en este aspecto. “Si no matan directamente, al menos dejan morir a miles de personas”, escribió, al referirse a las devoluciones colectivas ilegales, la omisión de socorro a personas que se encuentran en pateras, el abandono de niños que viven en la calle, la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde permanecen encerrados sin protección personas que no han cometido ningún delito, los vuelos ilegales de deportación, los discursos de miembros del Gobierno que fomentan el rechazo, la externalización de frontera mediante el pago de miles de millones de euros a terceros países para que ejerzan la violencia más cruel contra las personas que se ven forzadas a migrar, el incumplimiento de los compromisos de reasentamiento de personas refugiadas o el creciente gasto en blindaje de fronteras.
Aguilar apunta que esto es posible “por la construcción de fronteras morales” que “justifican la desigualdad y el ejercicio de la violencia” mediante la negación de las personas refugiadas, bien invisibilizándolas, minimizando sus implicaciones sociales y políticas u ocultando las causas de los conflictos y la responsabilidad de los países occidentales; la diferenciación, presentando a las personas desplazadas como masa anónima, sin voz ni rostro; y, finalmente, identificando a los migrantes como una amenaza a nuestro estado de bienestar.
APDH-A puso en marcha una campaña en mayo pasado para combatir estas fronteras morales y, más concretamente, facilitar la denuncia de personas desparecidas, la búsqueda, averiguación y localización de las mismas. Apoyada en una reclamación al Defensor del Pueblo Español, con el apoyo de más de un centenar de asociaciones, la organización informa en un documento qué ocurre con las personas desde que son rescatadas por Salvamento Marítimo hasta que pueden ser puestas en libertad o internadas en un CIE. También se facilitan números de teléfonos y correos electrónicos, tanto de las comisarías de Policía Nacional, como de diversas entidades que trabajan en el terreno con las personas migrantes.
El manifiesto de denuncia incluye, asimismo, siete propuestas para el reconocimiento de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, derivados de los pactos y acuerdos internacionales, añade Ana Rosado. Entre estas, se encuentra la creación de una Oficina de Personas Fallecidas y Desaparecidas que asegure una atención integral en el acompañamiento a las familias en la localización de sus seres queridos, establecer un protocolo específico de actuación del banco de ADN que, en coordinación y cooperación con los países de origen asegure la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas o formar al personal funcionario de las administraciones.
