La formación morada, junto con APDHA, mantuvo este martes una reunión varias familias a las que los servicios sociales de la Junta les ha retirado la custodia de sus hijos. Esta reunión se ha producido tras manifestar varias familias que ha existido mala praxis en la retirada de los menores.
Los casos más polémicos se han producido en Algeciras, Jerez y Chiclana. Este último ya es muy conocido por las características del mismo, ya que la justicia ya ha determinado hasta en tres ocasiones que la custodia de la menor retirada debe de pasar a su abuela, y, en última estancia, ha sido el Tribunal Supremo el que ha dictado sentencia. Aun así, a día de hoy, la Junta de Andalucía no ha devuelto la menor a su abuela.
Según Podemos Chiclana “son numerosos ya los casos que por desgracia hay en la provincia”, pero para dicha formación “en algunos de ellos, y según la documentación y los testimonios recogidos, se podría llegar a concluir que ha habido una mala praxis”.
Desde la formación morada exigen que “la gestión de los centros de menores tutelados pase a manos de la administración pública” pues según ellos “es en estos centros donde se cometen estas anomalías que tanto daño hacen a las familias, centros gestionados por lo privado”. En este sentido añaden que “estamos hablando de personas, de hijos y de hijas, algo tan delicado y tan importante para la vida de cualquier padre o madre” apostilla la concejala Elena Coronil.
Según la formación, que ha recogido los testimonios de las familias, “se mantienen a los niños y niñas retirados cautelarmente más tiempo del debido en los centros, al igual que ya no existe intención de la Conserjería por buscar en el seno de la familia el acogimiento, pasando directamente a estos centros”. Para Coronil “estos centros reciben cantidades importantísimas de dinero para realizar la labor de acoger y cuidar de estos menores, cantidades que se podrían destinar a, en los casos que sea posible, ayudar a las familias a que los menores se queden con ellas, y que este dinero no constituya un derroche en manos de entidades privadas, que realizan una labor de una delicadeza extrema” declara la edil.
A la reunión también asistió Marina Liberato, responsable de Podemos a nivel andaluz de derechos humanos, que sigue desde hace tiempo esta casuística: “Hay una pauta que se repite
cada vez que me reúno con un colectivo y es el negocio que se ha montado entorno a lo social, la mercantilización de lo humanitario, en definitiva, la industria humanitaria. La pobreza se ha convertido en una fuente de grandes ganancias. Hemos llegado a un punto como sociedad en que hemos capitalizado lo social convirtiéndolo en una nueva ‘burbuja inmobiliaria’ “.
Uno de los principales motivos de la retirada de los menores es la falta de idoneidad de la vivienda, como es el caso de otra menor de Chiclana. Según Podemos Chiclana “en este caso, como en muchos otros, en lugar de ayudar económicamente a sus padres entregan a los menores a familias de acogida, que reciben unos 1000 euros por el acogimiento”. Para el portavoz de la formación, Carlos Fernández, “lo razonable y lógico sería entregar esa cantidad económica a sus padres para que de esta forma pudiesen tener una vida más digna y darle un mejor hogar a sus hijos”.
Según la formación morada “las familias denuncian que en sus casos no hubo un trabajo con ellos para establecer un lugar más adecuado para la convivencia de los hijos, si no que por el contrario, de un día para otro, aparece la policía en sus domicilios y les retira a los menores”.
“Retiran por la fuerza a los menores causando un daño moral y psicológico irreparable para ellos y para sus padres” afirma una madre afectada. Según cuenta otra madre “los informes realizados por los técnicos de los centros para la evaluación de las familias son inventados y relatan situaciones inverosímiles a ojos de cualquiera que las lea. Tenemos claro que hay un interés distinto al del bienestar de nuestros hijos en todo esto” concluye esta madre.
Desde la formación morada exigen el esclarecimiento de estos casos y que estos centros dejen de ser un negocio y sean gestionados desde lo público: “No podemos dejar que se gestionen estas cosas desde una empresa, ellas tienen unos intereses muy distintos a los de la administración pública” apostilla Fernández.
Las familias afectadas anuncian actuaciones organizadas en los próximos meses para que sus casos sean escuchados, investigados y para que devuelvan a los menores a donde mejor están que es con sus familias.
