La Fiscalía de Almería solicita penas de siete años de prisión para un hombre y su hijo acusados de estafar con su concesionario de coches de segunda mano de importación a una decena de personas, a las que vendieron vehículos de alta gama adquiridos en Alemania y Francia y que, previamente, habían sido robados con el desconocimiento de los compradores.
El Ministerio Público atribuye a ambos, quienes se dedicaban "profesionalmente" a esta actividad, la presunta comisión de delitos continuados de receptación, de uso continuado de documento oficial falso y falsificación en documento privado, estafa e insolvencia punible.
Los acusados se enfrentan, asimismo, en la vista oral señalada el próximo lunes en la Audiencia Provincial, al pago de sendas multas de ocho meses a razón de 12 euros al día y indemnizaciones que superan los 350.000 euros a los perjudicados, entre ellos una aseguradora italiana que abono a los legítimos propietarios el importe del seguro por sustracción.
Según indica el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, el nombre comercial de concesionario "no correspondía a ninguna sociedad legalmente constituida" ya que actuaba bajo otra mercantil.
El fiscal considera que, previamente puestos de acuerdo y "con ánimo de lucro", adquirían en Italia y Alemania a "personas no identificadas" vehículos que, por ser robados, tenían doblado el VIN, y cambiadas las placas de matricula originales.
Añade que, presuntamente, confeccionaban documentación no auténtica "con conocimiento" de los acusados, quienes "indistintamente ofrecían a clientes españoles traer los vehículos que solicitaban aunque ellos ignoraban su ilícita procedencia".
El escrito detalla que firmaban los correspondientes contratos de compraventa y señala que era el hijo el que supuestamente iba a recoger los vehículos, que "luego exponían en el comercio, ocultando su verdadero origen".
Así, supuestamente, ambos acusados presentaban los vehículos en la ITV en nombre de la empresa bajo la que actuaban y a la que "cambiaron el objeto social para facilitar la comisión de estos hechos".
El tribunal juzgará a una tercera persona, la hija y hermana, quien se habría prestado, una vez que los dos principales acusados estaban ya siendo investigados judicialmente, a que le traspasasen las instalaciones y el objeto social a una empresa recién constituida por ella para, así, "evitar" las responsabilidades civiles.
El fiscal le imputa un presunto delito de alzamiento de bienes ya que quedó la mercantil con la que se hacía el presunto fraude en estado de insolvencia y "defraudados así todos los perjudicados".
