El escaño que correspondía al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez continúa vacío una vez que este sábado se cumple un año de la pérdida de su acta y sin previsión de que la vacante sea cubierta, una situación inédita en el Congreso y que ha motivado que el grupo confederal cuente con un voto menos en el hemiciclo desde ese periodo.
Fue el 22 de octubre del año pasado cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicó al exparlamentario que le retiraba la credencial parlamentaria aludiendo a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a mes y medio de prisión (sustituible mediante el pago de una multa) por un delito de atentado a agentes de la autoridad e inhabilitación por sufragio pasivo.
A raíz de ello, Rodríguez pidió amparo al Tribunal Constitucional contra la decisión de retirarle el acta por vulneración de sus derechos fundamentales, un recurso que admitió el órgano de garantías y el pasado julio la Fiscalía se mostró partidaria de darle amparo, abriendo con ello la puerta a que se le pudiera devolver, pero abogó por denegárselo en relación con la condena
Tras su decisión, Batet procedió a informar a la Junta Electoral que el acta de Rodríguez quedaba vacante y activar, con ello, el proceso para su relevo. Sin embargo, ese reemplazo no se ha ejecutado y permanece enquistado desde entonces.
Primero, la número dos de la lista por Tenerife en las pasadas elecciones Fátima González renunció a asumir el acta y el turno le tocaba a la tercera integrante de la candidatura Patricia Mesa, que no ha respondido a la comunicación de la Junta Electoral.
Una situación, como admitieron en Unidas Podemos, que no tiene precedente jurídico dado que la normativa y la Junta Electoral no marcan un plazo temporal para comunicar la aceptación o renuncia del escaño, prolongando de esta forma que su escaño siga vacío por ausencia de contestación a ese requerimiento.
Mientras, Podemos Canarias indicó que estaban en un periodo de "duelo" ante la decisión de desposeer a Rodríguez de su acta y que no tenía prisa por acometer su sustitución, aludiendo así a esperar a la resolución de la vía legal.
Por su parte, el espacio confederal a nivel nacional arremetió contra Batet, a la que llegó a pedir su dimisión e incluso barajó querellarse contra ella. También apostó por ocupar su escaño vació aunque comprendía y respetaba la postura de la organización en Canarias.
Y es que el debate sobre su escaño vació cobró de nuevo vigencia ante la ajustada votación en el Congreso para aprobar la reforma laboral, que salió adelante por un error en la votación del diputado popular Alberto Casero.
Este verano, el coportavoz estatal de Podemos, Javier Sánchez Serna, afirmó durante una entrevista con Europa Press que exigirán responsabilidades políticas a la presidenta del Congreso si finalmente el Constitucional da la razón a Alberto Rodríguez.
No obstante, Rodríguez dejó la formación morada tras confirmarse la retirada de su escaño y criticó que no se le hubiera apoyado más ante esa decisión injusta. Incluso en febrero acusó a estructuras de Unidas Podemos de "atacarle" y "culparle" de que su puesto en el Congreso siguiera vacante, además de presionar para que se designara pronto un sustituto.
El pasado junio también deslizó que estaba inmerso en la puesta en marcha de un proyecto social, político y electoral, "de obediencia canaria y con carácter popular", para las próximas elecciones en 2023 y no descartó sentarse a hablar con la plataforma que presentará la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
El socio minoritario del Ejecutivo dispone de dos escaños menos desde el inicio de legislatura, dado que además de la ausencia de relevo para Rodríguez sufrió también la marcha de la diputada canaria Meri Pita al Grupo Mixto, aunque en este caso suele votar en sintonía con las fuerzas que componen la coalición.
