Así lo han confirmado a Efe fuentes de la lucha antiterrorista, que han precisado que Ibarlucea Murua, nacido en 1981 en Ibarra (Guipuzcoa), pasará mañana a disposición judicial para que se ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada por la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional el 10 de diciembre de 2007 por un delito de pertenencia a organización terrorista.
Las mismas fuentes han indicado que el Ibarlucea Murua ya había sido ido detenido por la Guardia Civil en 2002 por participar en actos de "kale borroka" en Guipúzcoa, entre 1999 y 2002, pero que se encontraba huido desde 2006, cuando no se presentó al juicio por estos hechos en la Audiencia Nacional.
En octubre de 2002, Ibarlucea Murua fue detenido junto a otros siete jóvenes -Aritz Sudupe, Eñaut Garmendia, Ibon Arnalde, Iosu y Mikel Ozaita, Jon Otegi y Goar Jiménez-, y el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que estaba de guardia cuando se produjeron los arrestos, los envió a prisión provisional.
Cuatro meses después, en febrero de 2003, el juez Guillermo Ruiz Polanco, instructor de la causa, los dejó en libertad bajo fianza de 6.000 euros al considerar que no existía riesgo de fuga.
Entre las acciones por las que Ibarlucea Murua iba a ser juzgado cuando no se presentó a la vista oral, estaban el lanzamiento de artefactos incendiarios y piedras a la vivienda de dos concejales del PSOE en Ibarra en septiembre de 1999, y en 2000, cócteles molotov a la sede del "Diario Vasco" de Tolosa y a la estación de Renfe de esta localidad, así como al batzoki del PNV en Zizurkil.
Además, en enero de 2001 los ocho jóvenes intentaron destruir la sede de la Tesorería de la Seguridad Social de Tolosa y en noviembre de ese mismo año causaron desperfectos en el vehículo de un trabajador de la Consejería vasca de Interior y en el de otras personas que estaban estacionados en la mima calle en Ibarra.
También figura el lanzamiento de artefactos incendiarios contra la oficina de correos de la localidad de Alegría y contra un autobús urbano en Tolosa, ambas acciones ocurridas en enero y mayo de 2002, respectivamente.
En octubre de 2006, la Audiencia Nacional condenó a los jóvenes a penas de uno y dos años de cárcel después de que el fiscal -que inicialmente pedía entre 32 y 96 años de prisión para ellos- y las defensas de los acusados alcanzaran un acuerdo de conformidad tras reconocer éstos los hechos.
