El pleno del Ayuntamiento de San Fernando ha aprobado hoy por unanimidad el inicio de los trámites que van a hacer posible la gestión directa municipal del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad.
En concreto, en la sesión plenaria de hoy se ha dado luz verde al inicio del expediente para hacer posible este cambio de modelo, así como la constitución de la comisión de estudio que se requiere para dar el trámite administrativo necesario para ello.
El delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, ha dejado claro que el Gobierno local ha dado este paso en cumplimiento del compromiso que se adquirió con la plantilla y el comité de empresa de este servicio. “Habíamos acordado con las trabajadoras de que buscaríamos la forma de que tuvieran mejores y más dignas condiciones laborales, y eso es lo que hemos hecho dando este paso trascendental en el día de hoy”, ha dicho Rodríguez antes de insistir en que “como sociedad tenemos la obligación de cuidar a las que cuidan de las personas mayores y a nuestros dependientes”.
El edil ha querido puesto en valor “tanto el espíritu reivindicativo de la plantilla en busca de mejores condiciones de trabajo, como su afán de colaboración para de la mano del Ejecutivo municipal avanzar en la búsqueda de soluciones durante estos meses”.
Rodríguez ha recordado que la aprobación de hoy se ha producido después de que en estos meses se haya analizado con detalle cuál era la mejor fórmula para dar este paso, una vez que se comprobó que el actual sistema de licitación del servicio para su prestación desde una empresa privada no permitía la mejora de las condiciones de trabajo de la plantilla con medidas como la reducción de la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales.
Tras el análisis de la situación, y con la intención de que cada paso que se dé en un proceso tan complejo sea firme y cuente con las máximas garantías jurídicas, el Gobierno local ha llevado hoy al pleno el inicio del expediente de la fórmula elegida, que es la que establece que el servicio se preste de forma directa a través de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa), con nuevas competencias y modelo de gestión.
El delegado de Presidencia ha insistido en que esta intervención desde lo público para prestar el servicio de ayuda a domicilio busca el triple objetivo de “cumplir con la justicia social con las trabajadoras, darles unas condiciones laborales dignas que también redunde en la mejora continuada del servicio, y garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo”.
“Es de justicia social mejorar las condiciones en las que trabaja un colectivo que presta un servicio esencial para la sociedad, y que se encarga de realizar un trabajo muy duro. Además, darles esas mejoras laborales redunda a su vez en la mejora del servicio que se presta cuidando de personas, que exige el 100% de la dedicación de su plantilla con cada persona usuaria, y que podrá ganar en calidad con un mayor descanso y rotación de las trabajadoras. Por último, las mejoras laborales también permitirán hacer más atractivo este empleo y poder contar con más personal cualificado para un servicio que por sus duras condiciones tiene escasez de mano de obra, al tiempo que crece la demanda de usuarios y usuarias”, ha explicado Rodríguez.
