La Audiencia Provincial ha condenado a 15 meses de prisión a un policía local adscrito al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería que se conchabó con un arquitecto "amigo suyo", también condenado a un año de cárcel, para obtener "dinero de manera ilícita" mediante la "redacción" de proyectos para la obtención de una licencia de obra menor.
Según admitieron ante el tribunal de la Sección Segunda, el agente de la Policía Local estuvo haciendo de la "información" que tenía sobre los locales o las viviendas en la capital para los que se había solicitado la conocida como 'licencia express' para presentarse en esos lugares "a los efectos de inspección".
Una vez allí, les decía, bien a los dueños o bien a los que estuvieran al frente de las obras, que precisaban una licencia de obra menor y les "ponía directamente en contacto" con el coacusado, arquitecto "amigo suyo con el que estaba concertado" para que éste les hiciera un proyecto con el fin de obtener dicha licencia.
La sentencia, que adelanta este miércoles La Voz de Almería y a la que ha tenido acceso Europa Press, indica que el policía local condenado omitió con su comportamiento "todos los trámites y procedimientos reglamentarios que debía seguir en el ejercicio de la función que desempeñaba" y que lo hizo con la intención de tener un beneficio ilícito ya que se repartían entre ambos el dinero cobrado por el proyecto.
Antes de la celebración de la vista oral con tribunal de jurado, tanto los acusados como sus defensores, y el responsable civil subsidiario y su defensor, mostraron conformidad con la pena interesada por el Ministerio Fiscal para cada uno de ellos y no consideraron necesario continuar con el procedimiento, por lo que solicitaron a la magistrada-presidente que dictase sentencia de conformidad.
Según detalla el fallo, ambos acusados, quienes consensuaron y ratificaron el escrito pactado por fiscal, acusación particular y defensa, pusieron en práctica este modo de operar en, al menos, 13 ocasiones aunque solo hay un perjudicado, un ciudadano extranjero al que habrán de indemnizar con 500 euros que ya han sido consignados. Llegaron a pedir cuantías de entre 900 y 1.100 euros y de hasta 1.400, 2.000 y 4.000 euros.
Al margen de las penas de 15 y de 12 meses de prisión impuestas como autor y cooperador necesario de un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, la Audiencia Provincial les condena al pago de multas de 18 y 15 meses de multa a razón de seis euros al día y les inhabilita para empleo o cargo público por un periodo de cuatro años y medio, y de cuatro años, respectivamente.
