El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado este viernes por fomentar una "combinación" de recursos hídricos que incluya "fuentes alternativas" para garantizar tanto el agua de consumo como del regadío en el Levante almeriense frente al incremento de aportaciones a través del trasvase Tajo-Segura reclamado, en este caso, por la Junta de Andalucía junto con otros gobiernos regionales.
En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Planas ha indicado que el objetivo "fundamental" pasa por disponer de los volúmenes de agua necesarios en todo momento, lo que a su juicio pasa por "modernizar el regadío", para lo que el Gobierno, a través de Seiasa, tiene previsto destinar un total de 123,55 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a 17 actuaciones de modernización de regadíos en Andalucía de los 533 disponibles. Nueve de esas actuaciones son en Almería.
El ministro confía en que con estas intervenciones se puedan ejecutar actuaciones para "mejorar la utilización del volumen de agua disponible que tenemos en este momento", lo que debe unirse además a otras alternativas como el reciclado de aguas o la desalación, según ha mencionado.
"No es falta de voluntad, es lógicamente que tenemos una disponibilidad", ha apuntado el responsable de Agricultura tras recordar que entre 2018 y 2022 se transfirieron 1.229 hectómetros cúbicos a través del Tajo-Segura, de modo que ha llamado la atención ahora sobre la situación de los embalses, lo que obliga a hacer un uso del agua "con mucho cuidado", en especial ante la incertidumbre sobre las lluvias que caerán en la próxima primavera tras un año "récord por las bajas lluvias y las altas temperaturas".
En la última reunión de la comisión bilateral de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad celebrada el 4 de marzo, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, reclamó nuevamente "solidaridad en el trasvase Tajo-Segura" ante el aumento de los caudales ecológico del Tajo, ya que esto supone "un recorte importante que pone en riesgo la supervivencia de 23.000 hectáreas de cultivo y los aportes de abastecimiento que reciben del trasvase los municipios del levante almeriense para unos 150.000 habitantes".
