No se lo esperaban. Los vecinos de Segunda Aguada de Cádiz nunca han bajado la guardia, pero reconocen que la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el Pleno en 2020 para regular y limitar las casas de apuestas en la ciudad les daba “más tranquilidad”. Con dos de estos negocios en su zona, uno enfrente del otro y muy cerca de varios centros educativos, el colectivo vecinal siempre ha abanderado la lucha contra la instalación de nuevos salones de juego en su entorno con el apoyo de las Ampas y los colegios e institutos afectados, especialmente el IES Rafael Alberti, el que los tiene más cerca. Los cambios introducidos por el Ayuntamiento habían prohibido la instalación de estos salones de juego en las zonas de uso global residencial y de equipamiento, siempre que se encontraran a menos de 500 metros de distancia de los accesos normales de entrada o salida a las parcelas destinadas a usos de equipamiento escolar, deportivo o sociocultural. Aunque han seguido en alerta, podían respirar. Para ellos era una garantía que ahora peligra.
Hemos visto a muchos jóvenes enganchados y a sus padres padeciéndolo”El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de tumbar dicha modificación, al estimar los recursos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, la entidad Mercantil Gestión de Juegos y de la Agrupación Gaditana del Recreativo (Agare). Considera “desproporcionada” la limitación de los 500 metros y al no apreciar ni una razón de interés general ni de salud pública para justificar la medida del Ayuntamiento, tal y como reza el fallo. Para el presidente de la Asociación de Vecinos Segunda Aguada, Antonio Peinado, el desenlace, contra el que el equipo de Gobierno está estudiando recurrir, “es una barbaridad”. “Nos ha caído muy mal”, cuenta a VIVA CÁDIZ.
“Estábamos expectantes, sabíamos que tanto la Junta como los empresarios habían recurrido, pero, ¿entonces en qué se va a convertir nuestro barrio donde ya tenemos uno enfrente de otro? Esto es ya lo que nos hacía falta. Estamos nerviosos y bastante preocupados”, manifiesta a este medio. Por esta razón, el próximo miércoles 15 llevarán este tema a la reunión de la junta directiva para “estudiarla” y analizar las consecuencias de la sentencia, mientras también están a la espera de poder sentarse con el Ayuntamiento de Cádiz, de ahí que el pasado viernes intentaran contactar sin éxito con el concejal de Urbanismo, Martín Vila. Quieren saber qué pasos van a dar desde la Administración local antes de decidir qué medidas emprenden. No obstante, cuando se les pregunta si ejercerán acciones de presión, dejan claro que nunca han bajado la guardia. “La presión la estamos haciendo ya, la hacemos constantemente”, explica, dado que se han mantenido muy encima de la actuación de estos locales y coordinándose con los centros educativos. “En la asociación estamos muy pendientes del instituto (por el IES Rafael Alberti) para que los alumnos en el recreo y al salir de clase no vayan y están alertados profesores y padres porque en cualquier momento se pone uno de los mayorcitos a recoger dinero y hacen las apuestas”, señala, molesto también con la publicidad que realizan los propios establecimientos.
“Pegados” a los colegios
“Hacen mucha propaganda y se anuncian, invitando a la gente a entrar”, agrega. Con el límite de los 500 metros, tenían claro que en la práctica era muy complicado, especialmente en el caso de Cádiz, abrir más salas de juegos, pero ahora se temen lo peor, y esperan que, sino 500, el Alto Tribunal rebaje al menos a los 200 metros. “Lo que no puede ser es que estén pegados a institutos y centros de enseñanza, ellos (por la Junta), hablan de 150 metros radiales pero es que eso también se imcumple en este caso, y siempre se instalan en zonas con necesidades económicas, que son las que más se contaminan”, lamenta Peinado, que no acierta a comprender qué entiende el TSJA por salud pública cuando en el fallo descarta también la incidencia de estos locales en casos de adicciones a los juegos “Hemos visto a muchísimos jóvenes enganchados, tendrían que preguntarles a ellos o a los propios padres que lo han padecido”, apostilla.
