Un informe encargado a la auditora Ernst&Young por la minera Boliden Apirsa recoge que el importe en gastos y pérdidas de la empresa como consecuencia de la rotura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) en abril de 1998 y los trabajos de recuperación de la zona ascendió a 115 millones de euros.
El informe, elaborado en 2003, fue dirigido por Robert Gibb, que ha comparecido como testigo este martes en el juicio en el que la Junta de Andalucía reclama casi 90 millones de euros a la minera sueca en el juicio civil que se celebra en el juzgado 11 de Sevilla, y que hoy ha acogido su tercera jornada.
El auditor, el primero de los testigos propuesto por la empresa denunciada que comparece en el juicio, ha explicado que el montante de gastos para investigación, proyectos y obras ascendió a 45,8 millones de euros y que esta cantidad, unos 30 millones se destinaron al sellado de la balsa.
Para las labores de retirada de los lodos, Boliden destinó alrededor de 31 millones de euros, ya que, según ha explicado el auditor, la empresa fue la encargada de la limpieza de la parte norte afectada, unas 2.800 hectáreas del total de 4.600 afectadas.
El resto del coste hasta completar los 115 millones no fueron especificados por el auditor aunque en el informe que elaboró en 2003 se recoge que se refieren a otra serie de pérdidas que se generaron además de una serie de actuaciones al margen del vertido pero relacionadas con ellas que se computan también.
Según ha explicado el auditor, el informe se hizo como consecuencia de los "procedimientos acumulados" para aclarar el contenido de más de 70 carpetas con facturas y comprobantes aportadas por Boliden, toda esta documentación del periodo comprendido entre 1998 y 2001, este último año solo unos meses.
Se ha centrado en los 30 millones de euros que Boliden se gastó en sellar la basa de residuos, un trabajo que consistió en "impermeabilizar y fijar" la balsa con el objetivo de que no hubiera riesgos de "escorrentías tóxicas" que pudieran llegar al Guadiamar y el resto de la zona.
Ha recordado que la mina contaba con entre 450 y 550 empleados y que el compromiso de mantenimiento de la plantilla había sido adquirido con la Junta de Andalucía, una condición que "siempre cumplió" la minera sueca, y ha calificado de "muy ordenado" el proceso de cese de la actividad de la mina en 2001.
"Boliden no dejó tirada a la Junta de Andalucía, no abandonaron", ha recalcado el auditor, quien, a preguntas de la letrada de la administración andaluza quiso dejar claro que pese a ser un encargo siempre tuvieron "libertad de actuación" a la hora se realizar los trabajos.
La letrada de la Junta le enumeró una serie de conceptos contenidos en el informe para contabilizar el gasto de Boliden, entre ellos las nóminas de los contratos, vales de almacén y otros como la "repercusión mediática" o viajes desde el extranjero, que Gibb justificó en la llegada de expertos desde Suecia y la realización de algunos cursos.
Previamente, han testificado tres extécnicos de la Junta de Andalucía que realizaron informes sobre el vertido, como José Luis Sáinz, un ingeniero de Montes que pertenecía a Egmasa y que ha respondido a las preguntas de las partes a través de videoconferencia.
Ha explicado que la estrategia de su equipo se basó en analizar las muestras del suelo que había sido afectado por los lodos y que esta limpieza no dejaba de hacerse hasta que no quedara demostrada que ya no quedaba ningún índice de contaminación de minerales pesados y de arsénico.
"No bastaba con retirar los lodos, quedaban minerales pesados que superaban los índices permitidos y el riesgo que se pasaran a las aguas subterráneas era grande", ha explicado el técnico.
También testificó José Joaquín González-Ripoll, quien cuando se produjo el vertido era administrativo del distrito de salud al que correspondían los municipios de la zona afectada, y ha señalado que se realizó un trabajo que requirió de un gran "refuerzo profesional".
La labor era epidemiológica, veterinaria y farmacéutica, ha explicado González-Ripoll, quien ha reconocido que la "incertidumbre de la extensión" del vertido duró varias semanas, y que todos los análisis realizados se trasladaban a laboratorios que la Junta tenía en Sevilla e incluso a otras provincias, un trabajo con un coste de 43.903 euros.
El tercero de los testigos ha sido Antonio Carvajal, que fuera consejero de la empresa Coopers&Librand, una empresa que se encargó de realizar informes, a petición de la Junta para mejorar la imagen de la zona en el exterior, con lo que paliar las "malas informaciones" que llegaban de la zona y repercutía en la imagen de Andalucía.
Los cuatro testigos de hoy se unen a los seis de la acusación de la Junta que han comparecido en las dos primeras jornadas celebradas los pasados martes y jueves, mientras que para el próximo 13 de julio está previsto un último testimonio de una perito propuesta por Boliden y las conclusiones de las partes.
