La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que la Policía de Angola ha cometido más de una decena de homicidios ilegítimos contra activistas políticos y manifestantes en lo que llevamos de año, en el marco de un uso excesivo de la fuerza sistemático, por lo que ha pedido a la comunidad internacional que presione al Gobierno angoleño para buscar responsabilidades.
Agentes de la Policía y la Inteligencia del país han estado implicados en al menos la muerte de 15 personas, así como arrestos y detenciones arbitrarias de cientos de individuos, algunos de ellos tras haber criticado públicamente a las autoridades del país.
No obstante, la ONG ha advertido de que esta situación no se limita a la actualidad, sino que las fuerzas de seguridad angoleñas han violado los derechos fundamentales durante décadas, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, utilizando un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes o arrestando arbitrariamente a activistas de la oposición.
"La brutal represión policial de las protestas y la actividad política pacífica niega a todos los angoleños su derecho a participar en el proceso político y en el futuro de Angola", ha declarado Zenaida Machado, investigadora senior sobre África de HRW.
"La policía angoleña parece estar atacando a quienes se pronuncian en contra de las políticas del Gobierno. Las autoridades angoleñas deben actuar con urgencia para poner fin a las políticas y prácticas policiales abusivas y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familiares", ha agregado.
En este sentido, desde la ONG han hecho un llamamiento al Gobierno de Angola para que garanticen "investigaciones urgentes, imparciales y transparentes sobre las presuntas violaciones de derechos y sancionar o enjuiciar adecuadamente a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables".
HRW ha remarcado que el Ejecutivo angoleño está obligado a respetar los Derechos Humanos a la vida, la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, garantizados por la Constitución y tratados internacionales.
Sin embargo, la ONG ha reconocido que el gabinete liderado por Joao Loureno ha hecho "algunos intentos" por mejorar esta situación, despidiendo a los policías que cometen abusos e incorporando los Derechos Humanos en el plan de estudios de formación policial.
A pesar de ello, los enjuiciamientos penales contra agentes de Policía por uso ilegal de la fuerza siguen siendo escasos, por lo que muchos casos quedan impunes. Además, Angola carece de un organismo independiente para abordar las denuncias sobre el uso indebido de la fuerza policial.
Con todo, HRW ha señalado que las autoridades deben adoptar "urgentemente" reformas concretas y significativas para que se cumpla la supervisión de la Policía y promover los principios del Estado de derecho. Entre las recomendaciones de la organización, destaca la necesidad de investigar "con prontitud e imparcialidad todas las denuncias" de Derechos Humanos y la importancia de garantizar "que todos los responsables rindan cuentas en juicios públicos justos".
Además, piden garantizar que los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de fuerza se reflejen adecuadamente en la legislación y las políticas, así como introducir medidas para prevenir e investigar adecuadamente las violaciones graves y publicar el resultado de las pesquisas.
