La decisión judicial no paraliza por completo la ley, que entrará en vigor el jueves, pero deja en el dique seco los capítulos más controvertidos, como la obligación de los inmigrantes de llevar sus “papeles” en todo momento y la facultad de la policía local para detener “indocumentados” ante la “sospecha razonable” sobre su situación legal.
La gobernadora Brewer recibió el varapalo a su paso por Tucson, la ciudad “rebelde” en la que miles de manifestantes planeaban salir hoy a la calle pidiendo el boicot contra la ley. Brewer anunció que seguirá adelante con la batalla legal para sacar adelante la controvertida ley, “respaldada por la mayoría de la población de Arizona”.
Con gran alivio fue recibida la noticia fue recibida entre los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, que habían reclamado también a los tribunales la suspensión de la ley por “discriminatoria e inconstitucional”. En breve se espera una comunicación oficial del Departamento de Justicia, que decidió recurrir la ley a primeros de julio.
Los hispanos de Arizona, que constituyen el 30% de la población, han vivido en un estado de pánico generalizado en plena cuenta atrás. Decenas de miles de indocumentados han salido del estado desde el pasado mes de abril, para regresar a sus países o deambular por otros estados ante el temor a una persecución sistemática y violenta de los inmigrantes.
