Juárez se enfrenta a una petición de dos años de inhabilitación solicitada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, afrontada por el letrado José Gallardo en representación de la firma médica. El abogado de la acusación pide, además, una multa de 10 meses a razón de 100 euros diarios para el primer edil, mientras que el fiscal Emilio Miró solicita para él nueve meses y 18 euros diarios de multa, según indicaron ayer fuentes judiciales.
El débito fue contraído por el Consistorio en 1994 por el pago de las facturas referentes a los servicios de hemodiálisis proporcionados por la empresa perjudicada. Cinco años después, la empresa presentaba una demanda por lo civil.
En sentencia dictada el 12 de diciembre de 2001 por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se condenaba al Consistorio al pago de 197.011.525 pesetas, que con los intereses acumulados elevaba la deuda final a un total de 330 millones de las antiguas pesetas.
A día de hoy, la primera cantidad ha quedado saldada a través de una serie de pagos parciales, quedando pendiente el desembolso de 700.000 euros por parte del Ayuntamiento.
Desde la acusación recordaron durante el proceso el total de cinco requerimientos recibidos en la persona del alcalde, tanto en los juzgados de La Línea como ante el TSJA en Sevilla.
La primera de estas notificaciones fue recibida por el alcalde, el interventor y el secretario del Consistorio linense el 27 de mayo de 2003, y en ella los otros representantes citados del Ayuntamiento manifestaron no tener suficientes competencias para ejecutar los pagos, declaraciones ratificadas ayer en la sala de vistas algecireña. Juárez tuvo que afrontar el 15 de marzo de 2004 un nuevo requerimiento tras el que se le impuso una multa de 1.200 euros por no haberse satisfecho íntegramente la deuda con Palex.
No obstante, tanto el primer edil como los funcionarios municipales comparecientes en el proceso aseveraron que ya en 2003 se produjo un pago de 180.000 euros a Palex, y que desde entonces se ha estado llevando a cabo un pago fraccionado del resto de la deuda, de modo que en abril de 2006 ya se habrían pagado los 197 millones iniciales.
El actual alcalde linense se reiteró varias veces durante el interrogatorio en que, desde que tuvo conocimiento de la deuda, dio orden de que ésta se pagase.
El abogado de la acusación presionó a Juárez al pedirle explicaciones acerca de por qué no se destinó al pago de la deuda ni un euro de los 12 millones percibidos por el Consistorio con la licitación de las cuatro últimas parcelas de la avenida de la Colonia, en 2005.
Acreditado
El Ministerio Fiscal concluyó que la no satisfacción íntegra de la deuda está "debidamente acreditada" y puso sobre la mesa, como el abogado de la acusación, que el TSJA rechazó en su momento el pago parcial de la misma -aunque en 2008 fue admitida-, con lo que, a pesar de que hubiese ciertamente negociaciones entre las partes para liquidar el endeudamiento, como ocurrió con otras empresas como IBM o Dragados, Juárez estaba obligado judicialmente al pago del débito contraído por anteriores gobiernos municipales.
En este juicio se citó como testigos por parte de la todos aquellos funcionarios que podían tener relación con la tramitación de la deuda a Palex. El primero de ellos fue el interventor del Ayuntamiento hasta 2005, José Manuel Pérez Cruz, quien declaró que “me costa que hubo pagos parciales a Palex”. Tanto este como otros testigos coincidieron en considerar la situación económica actual -y la de entonces- del Ayuntamiento como “crítica” o de "bancarrota total”. Pérez Cruz manifestó, en particular, que habría sido necesario “dejar de atender servicios esenciales” (pago de nóminas, Bomberos, etc) para afrontar la deuda.
A continuación, intervino el antiguo secretario, ya jubilado, del Consistorio, Agustín Rufino. Él confirmó que existía un Plan de Pagos concreto para esta deuda. La actual tesorera, Isabel Ruiz, indicó que el Consistorio ha efectuado ya dos pagos este año, uno de 24.000 y otro de 20.000 euros. El que fuera interventor accidental entre 2005 y 2008, Sergio Gómez, habló de los planes de saneamiento general adoptados por el Ayuntamiento.
Por su parte, los letrados Ricardo Fernández y Luis Landero coincidieron en afirmar que entre finales de 2003 y 2004 se trató sin éxito de negociar con Palex una solución factible que no prosperó.
El abogado defensor de Juan Carlos Juárez utilizó la relación comparativa entre la falta de recursos de los tribunales de Justicia para abordar el gran volumen de justicia que llega a sus manos para dar idea de la imposibilidad que, a su juicio, tenía el Consistorio para afrontar la deuda con Palex. El letrado recordó a la jueza el caso del magistrado de Sevilla que no ejecutó la sentencia contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mariluz, y aseguró solidarizarse con las dificultades de los tribunales para aplicar sentencias, como en el caso del citado juez, Rafael Tirado.
Aseveró, igualmente, que en caso de que se inhabilitase a Juárez, “habría que inhabilitar, uno tras otro, a todos los que ocupasen su puesto”, y recordó a la sala que la imposibilidad de pagar a todos los proveedores es “un problema que puede circunscribirse a todos los municipios de España”.
