“El Gobierno declara oficialmente que este asunto no ha formado parte de ninguna discusión, que no se ha tratado ni se tratará, dado que constituye ante todo una cuestión de carácter humanitario”, dijo el portavoz gubernamental y ministro de Comunicación, Jalid Naciri.
Sin precisar el nombre de los medios aludidos, indicó en su rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno que “Marruecos jamás podrá recurrir a tales sanciones contra la población", y destacó que esa práctica "no está ni en sus principios ni en su visión estratégica”.
El autodenominado Comité de Coordinación para la Liberación de Melilla, según una misiva que asegura haber enviado a las autoridades marroquíes, había pedido a los ayuntamientos de Beni-Enzar, Farhana y Beni-Chicar que se “apropien” de los manantiales de agua que abastecen esa ciudad autónoma, pero que están situados en territorio marroquí.
El Gobierno de Melilla se querellará contra los marroquíes que asaltaron el manantial de Yasinen el pasado domingo, por considerar esta acción como un “allanamiento salvaje” contra una propiedad municipal melillense que se remonta a 1931, según la escritura registrada en organismos oficiales.
El presidente melillense, Juan José Imbroda, ha puntualizado que los activistas marroquíes fueron “por libre” y no en nombre del Gobierno de Marruecos, ya que incluso fueron desautorizados por el gobernador de Nador cuando terminaron su acción. Los nacionalistas del Comité de Liberación de Melilla, encabezados por el alcalde de Beni-Enzar, Yahya Yahya, se presentaron el domingo en Yasinen, donde rompieron los cerrojos de la entrada.
