Mayoral entiende que el ente mancomunado aprobó, “de forma chapucera, unas nuevas tarifas de basura , sin atender alegaciones que fueron enviadas en tiempo y forma por correo administrativo y que no se tuvieron en cuenta, por la fecha precipitada de la sesión, como tenemos constancia en el PIVG, con certificado de correos”.
Asimismo, se mostró seguro de que con la “prepotencia” y “otros intereses” del ente mancomunado, “también se desestimarán, sin ningún fundamento jurídico y económico, como ha ocurrido con las planteadas por el PIVG, con un informe impreciso y de conclusiones peregrinas, sin ser realizado por los servicios de secretaría o intervención como es preceptivo en este caso”, y que sería realizado “posiblemente de una forma irregular por la Gerencia jurídica y de servicio de Arcgisa”.
Mayoral recordó que, por estas prácticas, “también tuvieron que repetir este verano la aprobación de la tasa de la concesionaria de Sotogrande por la depuración de agua del suministro a Valle del Guadiaro”.
