Manuel García Gallardo llegó a la Audiencia Provincial de Cádiz una media hora antes del inicio de la vistilla que ha servido para dar carpetazo al caso Quality Food.
El empresario conversó antes de entrar en la sala informalmente con los periodistas y, durante los veinte minutos en los que se resolvió definitivamente, con sentencia en firme, dictada in voce, respondió a los requerimientos para aceptar la responsabilidad en los delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, la condena a 3,5 años de cárcel y que la misma haya sido conmutada por solo una multa de 2.900 euros con síes.
Trató de tomar la palabra al final, pero la presidenta le informó de que no podía hacerlo, así que atendió a los medios de comunicación visiblemente emocionado.
“He dado mi consentimiento por unos hechos que siempre he negado y con los que no me siento en absoluto identificado”, comenzó, para justificar la conformidad alcanzada entre las partes indicando que “es mejor un mal acuerdo que un buen pleito”.
“Llevo 21 años de lucha contra una causa que considero injusta, hemos decidido en la familia terminar de esta manera y pasar página”, agregó.
García Gallardo se negó a hacer balance de estas dos décadas de juicio, aunque remarcó que “ha sido muy duro para mí y para toda la familia”, con especial recuerdo a su padre, fallecido cuando él se encontraba en el banquillo, o la delicada situación de su madre.
También ironizó con que “se ha demostrado que renunciando a una sentencia de 35 millones (de acuerdo a una sentencia del Tribunal de lo Mercantil que debía adeudar Zona Franca si salía absuelto de este procedimiento por la valoración de las acciones adquiridas por el Consorcio en 2003), no hay acusación”.
Por ello, consideró que “esto tiene que hacer pensar a mucha gente, lo que se quería era no pagar y hacerme daño para renunciar a ello”.
Finalmente, expresó su deseo de que “ahora nos dejen tranquilo a mi familia y mis empresas”, lamentando el procedimiento judicial “se haya dilatado tanto”.
