"Lo que no se puede hacer es obligar a los padres por la vía indirecta de la retirada del concierto a que tengan que aceptar el principio de la educación no diferenciada. Esto no es conciliable con principios fundamentales de ética política y ética jurídica".
Así se ha referido el presidente de la Conferencia Episcopal Española al anteproyecto de la ley citada, cuyo artículo 16.2 establece: "En ningún caso, los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley (entre ellas el sexo), podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública".
En la XXVI Jornada Diocesana de Enseñanza, Rouco ha reiterado que las relaciones de la jerarquía católica con los gobiernos de antes y de ahora son "buenas", pero hay un "problema permanente" que no se acaba de resolver, el del estatus de la clase de religión confesional.
Ha asegurado que hay un "incumplimiento" desde 1991 de los acuerdos de enseñanza con la Santa Sede por parte del Estado y que esto ha causado "estragos formidables" en la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en alusión al descenso continuo de alumnado de religión católica en esas etapas educativas.
Ha añadido que, si se resuelve la cuestión de la clase de religión, se solucionará también la de su profesorado, que sigue configurado como "un trabajador contratado por una administración del Estado".
"Tengo una leve esperanza -ha apostillado- de que dentro de la opinión publica o de la opinión del Partido Socialista Obrero Español se abra paso la convicción de que no se puede seguir así".
