Así lo ha señalado en un auto el juez Pablo Ruz, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga un presunto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la SGAE.
Bautista, que fue detenido el pasado viernes por la Guardia Civil junto a otras ocho personas, abandonó la sede de la Audiencia Nacional hacia las 19,30 hora local de hoy, tras permanecer en su interior unas diez horas.
Con aspecto cansado y semblante serio, Bautista salió de la Audiencia acompañado del director general y el director financiero de la SGAE, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, respectivamente, que fueron igualmente imputados de apropiación indebida y administración fraudulenta.
De “especial gravedad” ha calificado el juez en su auto la imputación del delito de apropiación indebida, debido al valor de la defraudación, y por el que la pena de cárcel puede ser de hasta seis años.
Mientras que, por un delito de administración fraudulenta, la ley contempla una pena máxima de cuatro años de prisión.
Cargos a los que, en el caso de Bautista, se añade el de “un delito societario por negativa o impedimento a los socios del ejercicio de los derechos de asociación y participación”, por el que puede ser castigado con doce meses de multa.
Unas imputaciones sobre las que Bautista, de 68 años, no ha querido pronunciarse a su salida de la Audiencia, de donde ha partido en un coche oscuro directamente hacia su casa, según han precisado a Efe fuentes de la SGAE.
Poco después salían también de la Audiencia, en libertad sin fianza e igualmente acusados de apropiación indebida y administración fraudulenta, otros dos de los detenidos el viernes en la denominada operación SAGA.
Se trata de Elena Vázquez –imputada además de delito de alzamiento de bienes– cuñada del también detenido José Neri, el director general de la filial digital de la SGAE –la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)– y a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva.
Y Celedonio Martín, un empleado de la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE.
Además de estas cinco personas, ya en libertad y con cargos, la Guardia Civil detuvo el viernes a Antonia García, esposa de Neri, y a Eva García y Rafael Ramos, vinculados con Microgénesis, que pasarán mañana a disposición del juez Ruz.
Todos ellos forman parte, según la investigación de la Guardia Civil, de un entramado de desvío de fondos y de acusaciones infundadas según los que defienden vehemente la gestión de Bautista al frente de la SGAE, sociedad a la que pertenece desde hace 34 años y, desde 1995, como presidente del Consejo.
Uno de los miembros de la Junta Directiva de la SGAE, Caco Senante, ha reiterado el apoyo de los autores a Bautista y ha mostrado su “plena confianza en su honorabilidad y honestidad”.
