Dos funcionarios de la Consejería de la Presidencia, escoltados por dos agentes de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, han procedido poco después del mediodía a retirar las copias compulsadas de dichas actas, que la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, considera necesarias para su investigación, y a devolverlas a dependencias oficiales de la Junta.
Acompañados por los policías y con varias bolsas con el logotipo de la Junta, los funcionarios han entrado en la Audiencia y, a los pocos minutos, han salido y las han cargado en una pequeña furgoneta para trasladar de nuevo a la sede de la Administración andaluza las actas de sus Consejos de Gobierno de la última década.
Previamente, la secretaria del Decanato de jueces y el secretario del juzgado que dirige Alaya han abierto el armario precintado donde desde el 7 de abril, en el juzgado de guardia de detenidos y con vigilancia permanente de la Guardia Civil, se custodiaban las copias de esos documentos considerados secretos por la Junta, en contra de la tesis de la juez.
Tras ser retirados los sobres, ambos secretarios certificaron su recogida por representantes de la Administración, que tuvieron que firmar el acta relativa a esa devolución en un acto donde estuvieron presentes la secretaria de la Consejería de Gobernación y letrados de la Junta, según han precisado fuentes judiciales.
La recuperación por parte de la Junta de esas resoluciones se produce en cumplimiento del auto de la Audiencia de Sevilla de 5 de julio, que ordenó la devolución a esta institución de las actas de los Consejos de Gobierno, al dejar sin efecto la medida cautelar que, en otro auto de 4 de abril, adoptó la juez que investiga los ERE irregulares de que se custodiasen en sede judicial.
En él, la Sección Séptima de la Audiencia estimó los recursos de la Fiscalía y de la Junta contra dicho auto de la juez instructora, en el que reclamó todas las actas para evitar que "pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno".
La juez adoptó dicha medida "hasta tanto se dilucidase el conflicto de jurisdicción" planteado por la Junta y que Alaya, en un auto notificado el pasado viernes, acordó elevar al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales dependiente del Tribunal Supremo, tal como le llevaba solicitando el Gobierno andaluz desde marzo pasado.
De este modo, será ese tribunal del Supremo el que decidirá si las actas son o no secretas, que es el fondo del enfrentamiento jurisdiccional que mantienen la juez instructora y la Junta.
