Del Río Bourman, que estudia ahora el último informe técnico que la Obra Social de Unicaja ha entregado sobre el estado del edificio, tiene claro que ninguna documentación aportada por la entidad ha demostrado una gravedad tal como para cerrar la residencia. “Es muy grande, se podrían haber hecho las reformas por fases, meterlos en un ala segura”, comenta la letrada, concluyendo que el cierre se debe a que ya no es rentable ya que la capacidad es 180 usuarios y había sólo 70.
La abogada insiste en que la Obra Social de Unicaja no puede cerrar la residencia “sin una causa justa, que la tiene que decidir un juez” y en el contrato no está contemplado como claúsula de extinción las reformas en el edificio, sólo la muerte del usuario, que lo decida éste o que haya traslado a permuta.Aquí es donde pone el énfasis la letrada.
Desde que el 8 de abril Unicaja comunicara que iban a realizarse las obras de reforma y que debían trasladarse todos los usuarios, “amedrentaron de tal manera que la mayoría se fueron”, aunque fuentes de la entidad reiteran que se han ofrecido todas las facilidades a cada uno de los residentes.Del Río Bourman insiste: “si firmas el traslado, se da por cerrado el contrato y no te garantizan el regreso”.
Hasta la demanda de desahucio, Unicaja nunca ha justificado la necesidad de las obras ni ante ellos ni ante el Ayuntamiento de Benalmádena, que restringe el problema a una cuestión privada.Según la abogada, le plantearon a Unicaja que les dieran plazos de obras y vuelta, y que se les pagase la diferencia en otra residencia cercana -entre 600 y 700 euros al mes más cara- hasta su regreso tras las reformas.
La Obra Social no accedió y cerró -no de forma oficial, como consta en una queja presentada tras anularse servicios como lavandería o gimnasia- la residencia a fecha del 1 de junio.Tras constatar que Unicaja ya no habla de reformas sino un cierre unilateral de la residencia, los familiares sólo solicitan que se garantice el derecho que tienen por el contrato que aún está en vigor y que se les trate con el respeto que se merecen hasta que resuelva la justicia o se alcance un acuerdo que compense el traslado a otra residencia.
