Liaño ha revelado la magnitud de los compromisos de pago –“tomas de razón”- autorizados por la ex alcaldesa Pilar Sánchez y ejecutados por los anteriores responsables de Hacienda de Diputación: más de 540 millones de euros, adeudados a proveedores, entidades financieras y concesionarias y con unos periodos de abono que llegan –en algún caso- hasta el año 2031. Estos compromisos anulaban la voluntad municipal para resolver el destino y la prioridad de sus gastos, amenazando incluso el pago de nóminas a la plantilla municipal como obligación preferente.
A juicio del diputado de Economía, Hacienda y Contratación “estas tomas de razón son una barbaridad política y económica”. Juan Antonio Liaño ha indicado la constancia de compromisos de pago fechados el 31 de mayo de 2011, en un periodo de transición, “de vacío de poder”, en el que los anteriores responsables –municipales y provinciales- formaban parte de gobiernos salientes.
Diputación, tras conocer la decisión del Ayuntamiento de Jerez, ha encargado a la Asesoría Jurídica la emisión de un informe en el que se determinen las consecuencias de la ruptura del acuerdo; y también ha constituido una comisión técnica que resolverá la liquidación del convenio en términos económicos. A Pleno de la Corporación provincial se le dará cuenta de esta rescisión.
Juan Antonio Liaño ha valorado la vocación de servicio público de Diputación, cuyo Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria asiste a los Ayuntamientos “sin mirar su color político, tal como pueden acreditar por ejemplo la alcaldesa de La Línea o los alcaldes de Barbate o Prado del Rey. Pagamos los anticipos los días 20 de cada mes y, frente a situaciones excepcionales, buscamos remedios excepcionales”.
Liaño destaca que la renuncia de Jerez “no supondrá la quiebra técnica” de Diputación. De hecho Diputación acaba de cerrar una operación de crédito –garantizada con las estimaciones de recaudación- que permitirá anticipar 125 millones de euros a los municipios que encomiendan su gestión tributaria a la institución provincial. Esos anticipos han sido concedidos por entidades financieras, sobre la base del 75 por ciento de la recaudación prevista en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en el Impuesto de Actividades Económicas. La mayoría de los municipios de la provincia (41 sobre 44) tienen encomendada su gestión tributaria a Diputación (todos salvo Cádiz, Rota y Chiclana).
La gestión de Diputación permite mejorar los índices recaudatorios –con una actualización eficaz de los padrones de contribuyentes- y aporta los beneficios de la economía de escala en la obtención de créditos al objeto de anticipar puntualmente fondos a los Ayuntamientos.
