Su abogado, Antonio Aguilar, ha informado a Efe de que va a recurrir directamente ante la Audiencia de Sevilla la prisión sin fianza decretada por la juez Mercedes Alaya, a la vez que ha lamentado que la política y el periodo preelectoral hayan "envenenado esta causa judicial".
Trujillo se convirtió hoy en el segundo del medio centenar de imputados que ingresa en prisión por los ERE irregulares, tras el encarcelamiento el pasado día 9 del ex director general de Trabajo para quien trabajó como chófer entre 2003 y 2007.
La juez le imputó haber recibido 1,3 millones de euros en ayudas de la Junta para tres empresas ficticias, además de otros 122.000 euros que su propia madre percibió como ayuda individual.
Según su abogado, no es cierto lo que afirma el auto de prisión de que Trujillo puede tener otras empresas pues se gastó todo lo que recibió y la Agencia Tributaria ya ha investigado sus propiedades en Jaén, sin encontrar nada, a raíz de la inspección abierta al descubrir que no había tributado por las subvenciones percibidas.
En su recurso va a alegar que Trujillo ha colaborado en todo momento con la Justicia, se presentó voluntariamente ante la Policía de Jaén y ayer estuvo declarando durante más de ocho horas ante Alaya.
Trujillo "llegó a imputarse a sí mismo, no ha obstaculizado nunca la acción de la justicia y no existe riesgo de fuga" pues solo percibe un seguro de paro "mínimo", ha afirmado su defensor.
Consiguió dicha prestación -según confesó ante la juez- mediante dos contratos falsos que le hicieron unos empresarios amigos, algo que según Antonio Aguilar "por desgracia hace mucha gente cuando le faltan unos meses de cotización".
El imputado "no era más que un chófer", ha manifestado su abogado, quien rechaza la posibilidad apuntada en el interrogatorio de la juez de que él pudiese estar al tanto de lo que decidían los máximos responsables de la Junta.
En su recurso, va a alegar que la mayoría de los delitos que le imputó la juez están prescritos, como la ayuda que recibió su madre o las subvenciones de 450.000 para cada una de sus empresas.
Trujillo llegó ante la juez imputado por once delitos pero fue encarcelado por un total de 22 entre falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones.
La juez atribuye 22 delitos al exchófer de Guerrero y éste critica el "tufillo político" del proceso
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha atribuido hasta 22 delitos a Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero --ambos ya en prisión--, delitos "que podrían incluso aumentar con el desarrollo de la investigación", mientras que el abogado del imputado ha criticado el "fuego graneado" al que se ha sometido a su defendido, advirtiendo de que algunos de estos delitos podrían haber prescrito y confiando en que el proceso se aleje del "tufillo político" que "se le pretende imponer".
En el auto de prisión dictado pasadas las 2,00 horas, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez que investiga las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) recuerda que, inicialmente y antes de su declaración, le fueron imputados once delitos, pero, en esta comparecencia, el exchófer, "de manera casi inconsciente y sin calibrar el alcance de sus respuestas, ha admitido la comisión de otro numeroso grupo de delitos, que podrían aumentar" ya que él mismo "reconoció que no podía asegurar si había cobrado más facturas falsas por la intermediación de Guerrero".
Inicialmente, la juez, que ha impuesto a Trujillo una fianza de 2,3 millones en concepto de responsabilidad civil, le imputó sendos delitos continuados de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, así como tres delitos de obtención indebida de ayudas públicas, otros tres de falsedad en documento oficial, y un último delito de falsedad en documento mercantil, pero tras la declaración considera que existen "indicios" de que pudiera haber incurrido en otros once delitos, como son cinco de cohecho, cinco delitos de falsedad en documento mercantil y uno último de alzamiento de bienes.
De este modo, la juez considera que Trujillo, "prevaliéndose de su relación de amistad" con Guerrero "y puesto de común acuerdo" con éste, creó dos empresas "a los solos efectos de recibir subvenciones" que le otorgaría el exalto cargo "sin tener la menor intención de poner en marcha los proyectos para los que se concedieron", tras lo que le fueron otorgadas sendas subvenciones de 450.000 euros "sin que presentara solicitud alguna".
Tras ello, "y sin haber recibido aún" el pago de las subvenciones, el imputado adquirió dos inmuebles, uno en Andújar por 69.263 euros y un segundo en la calle San Luis de Sevilla por 232.509 euros, obteniendo por la venta del primero 213.359,30 euros, todo ello además "sin que ninguna de las subvenciones se utilizara para el fin para el que habían sido concedidas", y "participando con Guerrero en la ideación del fin falso" para la concesión de ambas.
TRUJILLO INVITABA "HABITUALMENTE" A COPAS Y COCAÍNA A GUERRERO
De igual modo, Trujillo y Guerrero "se concertaron para concederle" al primero otra subvención para la sociedad "que iba a constituir en fechas próximas" con Isidoro Ruz Espigares, "otorgándole Guerrero a éste último, pero para favorecer" a su exchófer, otros 450.000 euros. "Como contraprestación" a las subvenciones concedidas, Trujillo le "entregó cierta cantidad de dinero en metálico, y le compró múltiples regalos de antigüedades, ropa y artículos de telefonía, invitándole habitualmente a copas y cocaína, pagando todo ello con el dinero de las ayudas públicas recibidas".
En el año 2007, el imputado, "nuevamente prevaliéndose de su cercanía" con Guerrero, le pidió nuevamente ayuda, concertando ambos que firmaría una póliza" en la que la beneficiaria sería la propia madre de Trujillo aunque las rentas las percibiría el exchófer. Así, éste "falsificó" la firma de su madre y, "en virtud de esta ilícita operación", Trujillo cobró entre abril de 2007 y enero de 2008 hasta 122.649,21 euros.
No obstante, y a la vista de la declaración del imputado, la juez considera que existen "indicios" de un delito de alzamiento de bienes "por la venta de las distintas fincas" de su propiedad o de sus sociedades, todo ello "conociendo las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria e incluso conociendo la existencia del presente procedimiento, ya que la venta de uno de los terrenos se produjo en noviembre de 2011".
DOS CONTRATOS DE TRABAJO "FALSOS"
Igualmente, la magistrada hace referencia al hecho de que el imputado ha puesto de manifiesto que dos contratos de trabajo que aparecen en su vida laboral "son falsos, habiéndose realizado con la única finalidad de poder percibir la prestación por desempleo por el tiempo trabajado en la Junta", hechos que "podrían incardenarse" en dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil.
A ello se añade que "ha reconocido haber recibido importantes sumas de dinero como consecuencia de tres facturas falsas" por trabajos que no se realizaron emitidas a Dhul y Delphi --de 6.960 euros cada una de ellas-- y una última a Estudios Jurídicos Villasís por importe de 6.000 euros, hechos que, "al margen de constituir tres delitos de falsedad en documento mercantil, en la medida que dichas facturas fueron pagadas en atención a Guerrero, probablemente por favores concedidos por éste último o pendientes de conceder, constituirían asimismo tres delitos de cohecho".
Asimismo, Trujillo "ha reconocido su participación en dos presuntos delitos de cohecho" cometidos por el directivo de Vitalia Antonio Albarracín y por Guerrero, "al haber servido al menos de receptor de dos sobres de dinero entregados a modo de comisión" por Albarracín.
"SÓLIDOS INDICIOS" CONTRA TRUJILLO
La juez, a la vista de todos estos hechos, envió a prisión a Trujillo "por existir sólidos indicios de la comisión de numerosos hechos delictivos graves castigados con penas de igual naturaleza, indicios que no sólo se desprenden de la documentación que obra en la causa, sino del reconocimiento expreso realizado por el inculpado", añadiendo que el mismo "ha ido dosificando a lo largo de sus declaraciones el conocimiento que tenía de los hechos y su participación en los mismos".
"Aunque efectivamente en sus últimas declaraciones judiciales puso de manifiesto la relación entre él y Guerrero para cometer hechos delictivos, concretamente la concesión de subvenciones para compartir el dinero obtenido en regalos, alcohol y drogas, no ha sido hasta la declaración" de este martes "cuando ha admitido la comisión de otro numeroso grupo de delitos", dice la juez, que asevera que, así, "no ha sido hasta esta declaración cuando ha podido contemplar la magnitud de la presunta actividad delictiva por él desarrollada".
La magistrada argumenta que "es en este momento" cuando surge el "verdadero" riesgo de fuga, "no apreciado con anterioridad", a lo que se suma que "podrían influir en la destrucción de las facturas falsas" reconocidas "a fin de ocultar nuevas pruebas que incrementen su larga actividad delictiva", y además con "dicha ocultación o destrucción podría beneficiar a esas otras entidades pagadoras, que podrían ejercer cierta presión sobre Trujillo para evitar la evidencia de su implicación en los hechos".
"SAQUEO DE FONDOS PÚBLICOS"
Durante la comparecencia para las medidas cautelares, la Fiscalía pidió el ingreso en prisión de Trujillo --petición a la que se adhirieron PP, Junta y Manos Limpias--, haciendo referencia a su "plena cooperación en una labor continuada de saqueo de fondos públicos", criticando que "todo fue una pantalla para recibir dinero" y apuntando a la necesidad de "descubrir el destino del dinero público".
A esta petición se opuso el letrado de la defensa, que criticó el "fuego graneado" a que se somete a su patrocinado, y recordó que "se olvida el hecho importante de que es Trujillo quien realiza a voluntad propia y sin abogado una declaración confesoria que ha abierto los hechos que se le persiguen". Asimismo, confió en que este proceso "sea un proceso justo y de derecho, y alejarlo del tufillo político que se le pretende imponer".
