En un veredicto emitido hoy, el jurado ha absuelto al acusado de otro delito de profanación de cadáveres pues al desmembrar el cuerpo solo pretendía ocultar su crimen y no "faltar al respeto debido a los muertos".
El jurado, integrado por seis hombres y tres mujeres, no ha considerado que el acusado, al apuñalar cuatro veces a la víctima en la noche del 30 de agosto de 2010, actuase con ensañamiento, por lo que al no aplicar esta agravante las acusaciones han rebajado su petición inicial de 25 años de cárcel a 20.
El jurado no ha aplicado la atenuante de trastorno mental por consumo de drogas del acusado y ha precisado en su veredicto que, aunque Antonio G.S. indicó a la Policía el lugar donde arrojó el cadáver, no lo hizo para colaborar con la justicia ni para mitigar el dolor de la familia.
La madre de Laura, Sandra Cerna, una abogada residente en Miami (Estados Unidos), asistió a las seis jornadas de juicio con serenidad pero hoy, al oír las peticiones del fiscal y de su propio abogado, ha roto a llorar y ha mostrado al acusado una foto de su hija a la vez que le gritaba: "asesino, animal, no te atreves a mirarla".
Posteriormente ha mostrado ante la prensa su indignación por la absolución del delito de profanación de cadáveres y ha dicho que España debe cambiar sus leyes porque "es una vergüenza que en diez años pueda estar en la calle" el asesino.
Tras el veredicto del jurado por un delito de asesinato sin ensañamiento, el fiscal Luis Carlos Rodríguez León ha pedido la pena más elevada dentro del rango entre 15 y 20 años de cárcel por la "conducta especialmente inhumana" del acusado hacia Laura, a la que había invitado a su casa a tomar una copa y mató "causando un daño deliberado, más allá del necesario".
El fiscal ha destacado además la "peligrosidad social" de Antonio G.S., ya demostrada por dos condenas anteriores lesiones y en una de las cuales fue sentenciado en Cádiz por arrancar un dedo a otro hombre en una pelea.
La acusación particular que ejercen los padres de Laura y su esposo español han pedido también 20 años de cárcel y la defensa ha abogado por el mínimo legal y "nunca superior a 15 años de cárcel"
