Tranquilo, sosegado y, al parecer, satisfecho con el resultado de su comparecencia. Así se mostraba ayer el conocido empresario algecireño Rafael Cañamaque, en el centro de la polémica estos últimos meses por ser la persona que prestó 1,4 millones de euros al alcalde, Jorge Romero, para el pago de las nóminas atrasadas a finales del pasado año.
No en vano, Cañamaque afrontó su comparecencia como testigo, y no como imputado, contrariamente a la otra parte de ese acuerdo financiero, el alcalde barreño Jorge Romero, quien tendrá que justificar ante la autoridad judicial mañana jueves el procedimiento que desde el PSOE consideran como ilegal. Romero está imputado por prevaricación, malversación de fondos y exacciones Legales.
Cañamaque eludió realizar declaraciones a este diario, aludiendo que será la jueza, en este caso, la que dirima las posibles responsabilidades que pueda haber en el caso. Eso sí, reconoció mostrarse “tranquilo” y con la aparente seguridad de no haber cometido delito alguno.
Fuentes judiciales consultadas por VIVA CAMPO DE GIBRALTAR dieron cuenta de que la declaración de Cañamaque, que tuvo lugar entre las 11.00 y las 11.30 horas, sirvió para confirmar las condiciones del préstamo ya adelantadas en su día por este diario e interpretadas desde el PSOE como una “operación encubierta de tesorería”.
Como recordaban los socialistas, el prestamista privado compró los derechos de cobro de 1,5 millones de euros que la Diputación de Cádiz adelanta al ayuntamiento a cambio un pagaré con fecha de vencimiento de 1 de Abril de 2012 por el que el particular obtenía un beneficio de 103.544,33 euros en tres meses, un “abusivo” interés del 28% interanual que aproximaron a la usura.
Ratificaciones
La interventora y el tesorero del Ayuntamiento prestaron igualmente declaración inmediatamente después de la comparecencia de Cañamaque. Las fuentes judiciales consultadas incidieron en que esas declaraciones ratificaban completamente las conclusiones desfavorables de sus respectivos informes.
Entre otras advertencias, los funcionarios habilitados detallaron textualmente que no se trataba realmente de un contrato de factoring, sino que “de una operación de Tesorería encubierta”, indicaba el PSOE.
El abogado de la parte denunciante, Alejandro Terrón, quiso restar relevancia a las declaraciones de ayer, considerándolas de puro trámite y con el objeto, únicamente, de corroborar unos informes y unas condiciones contractuales reflejadas sobre el papel. No descartó que la declaración de Romero pueda dar lugar a la llamada de nuevos requerimientos o testigos.
