El plazo para presentar en la Delegación Municipal de Urbanismo la documentación pertinente para iniciar el proceso de regularización de viviendas ha sido ampliado hasta el próximo 28 de septiembre. Se pretende con ello facilitar a los propietarios de los inmuebles la normalización de los mismos acogiéndose al Decreto 2/2012, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía.
El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado que “en el municipio existen más de mil viviendas, principalmente en la zona de El Albarracín, que pueden regularizarse merced a este decreto de la Junta de Andalucía. Pero para iniciar el proceso necesitamos disponer de la documentación pertinente, y todavía son numerosos los propietarios que no se han acercado a las oficinas de Urbanismo en la Plaza de Espartero, me imagino que por falta de información”.
“Con esta prórroga -añadió- ofrecemos una nueva oportunidad. Desde el Ayuntamiento estamos apostando por lograr la normalización de El Albarracín y el resto de las viviendas dispersas que pueden acogerse a este decreto. Es cierto que nos interesa como Consistorio, pero creo que los principales beneficiarios de regularizar las casas serán sus propios
dueños”.
“No dudaremos -insistió Ruiz Boix- en solicitar a las distintas administraciones las ayudas necesarias para que el coste de la instalación de los sistemas generales (canalizaciones de luz, agua y saneamiento, así como viarios y alumbrado público) sea el menor posible para los propietarios, porque hay que recordar que el mismo decreto de la Junta indica que ellos serán los que deberán asumir ese gasto”.
Por lo tanto, los propietarios podrán hasta el próximo 28 de septiembre realizar los trámites previos al inicio de los procedimientos de regularización, lo que conlleva presentar la solicitud normalizada acompañada de escritura de la propiedad, plano de ubicación y fotografía actual de las construcciones.
El Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía se aprobó a principios del pasado mes de enero, y establece tres situaciones distintas: edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos (como El Albarracín) y hábitat rural diseminado. En los dos últimos casos, le corresponde al Ayuntamiento, a través del PGOU, el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.
En declaraciones recientes, el alcalde explicó que la Delegación Municipal de Urbanismo cuenta con información sobre varios cientos de viviendas edificadas en suelo no urbanizable, a pesar de que la estimación es que el número total supera las mil. Tan sólo no podrán ser regularizadas las que contravengan la normativa de la Junta de Andalucía, como las que se ubiquen en zonas inundables o en terrenos naturales protegidos.
