Hubo chantaje por parte del Ministerio de Defensa en la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Fábrica San Carlos, pero ese chantaje comenzó en 2008 como consecuencia de la presentación de la reserva de suelo sobre los Polvorines de Fadricas y terrenos aledaños hasta la Casería. Antes de esa fecha también hubo ‘chantaje’ pero fue a nivel local y con los dos grandes partidos de la oposición, Partido Popular y Partido Socialista, como protagonistas.
Si no hubiera sido por la actitud de ambos partidos, los terrenos de Fábrica San Carlos hubieran sido recalificados como suelo residencial a partir de 2003, que fue cuando se produjo la vuelta atrás de la oposición. Sin embargo, diez años más tarde del acuerdo de la corporación municipal con la Sociedad de Gestión San Carlos (Sogescar SA), todavía no son suelo residencial a la espera del visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente. Otra cosa es el PERI, donde ha habido un poco de todo y mucho de rocambolesco en no pocos casos.
Del desconocimiento de lo ocurrido -o de su omisión, algo habitual en los políticos con memoria selectiva- debió surgir la intervención el actual delegado de Urbanismo, Angel Martínez, en el Pleno en el que se aprobó remitir a la Junta la modificación puntual del PGOU del 92. Martínez habló de chantaje por parte de la directora general de Infraestructura, Mónica Melle, que fue tan torpe como para dejar constancia escrita.
¿Pero qué ocurrió con los terrenos de Fábrica de San Carlos para que al día de la fecha no esté aprobada aún ni la recalificación de industrial a residencial ni, mucho menos, el PERI para desarrollar los terrenos ya aptos para construir?
En 1999, con los trabajadores de Fábrica San Carlos en la calle, desde el Partido Popular que gobernaba en Madrid y desde el PSOE en la Junta se auguraba una rápida recalificación de los terrenos para poder encontrar una empresa que los comprara y reunir el dinero (1.800 millones de pesetas) para pagar los derechos laborales de 180 trabajadores.
Juan Costa (PP), entonces secretario de Hacienda, llegaba a decir incluso que no importaban los instrumentos que se utilizaran para que los trabajadores pudieran cobrar, “sino los resultados”, mientras que por parte de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, entonces delegado del Gobierno andaluz, decía que la recalificación de los terrenos de FSC se atendería como “actuación singular”.
Con esas premisas, el 27 de julio de 2000 se aprueba por unanimidad el convenio que se suscribiría entre el Ayuntamiento y la sociedad mixta que adquiera los activos de FSC, cuyos terrenos pasarían a ser “predominantemente residenciales y compatibles con usos terciario y comercial”.
En esa sesión, la portavoz del PP, Carmen Pedemonte, dijo que lo que importaba eran las 180 familias “que arrastran un calvario, queremos que se solucione y eso debe ser prioritario”, mientras que la portavoz del PSOE, María Jesús Castro Mateos, decía que no entraba en el convenio urbanístico y que lo principal era que cobraran los trabajadores. Ambas dieron su aprobación.
Aprobación unánime
El 26 de abril de 2001 el Pleno aprueba por unanimidad el Convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos incluidos en el ámbido de San Carlos y el 8 de agosto de ese mismo año, la sociedad de capital mixto Sogescar formaliza las escrituras de compra, con la garantía institucional ofrecida por toda la Corporación, pagando 1.900 millones de pesetas por los terrenos.
El 22 de diciembre de 2002 se lleva a Pleno el acuerdo sobre modificación del PGOU en el ámbito de Fábrica San Carlos. Con ese paso se formalizaba el compromiso institucional con la compradora de los terrenos, Sogescar, coparticipada por Unicaja con el 75 por ciento y de la Empresa del Suelo Isleña SA (Esisa) con el 25 por ciento restante. Sin embargo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista votan en contra incumpliendo su compromiso de los años 2000 y 2001.
Socialistas y populares utilizaron los suelos industriales de Fábrica San Carlos de forma descarada en la campaña electoral de 2003, prometiendo que no seguirían adelante con el trámite de modificación del PGOU y que buscarían compradores dispuestos a mantener el uso industrial del suelo.
Esa postura, tras las elecciones en las que el PA perdió la mayoría absoluta, se convirtió en rechazo plenario el 30 de octubre de ese mismo año, cuando el PSOE apoyó al Partido Popular en una moción por la que pedían un plazo de dos años, hasta 2005, para encontrar inversores que devolvieran la actividad industrial a los suelos de la antigua Constructora, aprovechando la vigencia del acuerdo con Sogescar sobre el tiempo en que el Ayuntamiento tardaría en recalificar el suelo.
Para entonces, los 1.900 millones de pesetas se habían convertido en euros y al dinero inicial se habían sumado los intereses y otros gastos, de manera que a fecha del 30 de septiembre de 2003, lo que los inversores que hicieran caso a la llamada de PP y PSOE tendrían que desembolsar ascendía a 12,8 millones de euros.
El fracaso de PP y PSOE
Los dos partidos de la oposición apuraron todo el crédito que se habían concedido para terminar reconociendo que se habían equivocado, aunque el Partido Popular intentó enmarcarar esa equivocación diciendo que se habían añadido 200.000 metros más de suelo industrial en los alrededores de Fadricas que, por cierto, al día de hoy siguen sin ser productivos industrialmente.
En toda esta operación electoralista de socialistas y populares se habían perdido dos años, habían aumentado los intereses sobre la deuda con Sogescar y no habían tenido más remedio que transigir, además de porque ningún inversor estaba dispuesto a pagar casi 13 millones de euros por unos terrenos aislados de todas las vías de comunicación, porque el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento dejaba claro que incumplir el acuerdo plenario con Sogescar conllevaba el pago, por parte del Ayuntamiento, de todo el dinero, en metálico o a través de suelo municipal en otras zonas de la ciudad, con la misma edificabilidad concedida en el convenio firmado en 2001.
Y es que -y en este caso los malos gestores fueron todos, incluidos los andalucistas- el convenio con Sogescar no era un convenio cualquiera. Unicaja y Esisa habían puesto el dinero bajo unas condiciones tan leoninas que incluso en el caso de que la recalificación de industrial a residencial no pudieran llevarse a cabo porque el suelo afectara a la defensa nacional, el Ayuntamiento tenía que satisfacer la edificabilidad donde pudiera o pagar lo estipulado.
El Ayuntamiento, desde que se firmó el convenio con Sogescar en abril de 2001, tenía 48 meses de plazo tramitar y recalificar los terrenos -de ahí la fecha de 2005 de la moratoria a que obligaron PP y PSOE en 2003- y otros dos años para transmitir los terrenos a la compradora. A partir de ese momento comenzarían a pedirse las indemnizaciones.
Ni que decir tiene que lo peor no se ha cumplido, en parte por la buena voluntad de Sogescar que no ha querido hacer valer sus derechos aunque ha podido hacerlo y de hecho, el último trámite para recalificar los suelos, en el mes de julio de este año, se ha hecho de urgencia una vez que el convenio cumple en septiembre y estando las cosas como están nadie se fía de por dónde puede salir una empresa, aunque sea una caja de ahorros, necesitada de fondos.
Los plazos se han ido prorrogando, entre otras cosas porque desde 2007 hacia acá las perspectivas de construir las 800 viviendas previstas en el sector se fueron quedando casi en nada.
Los otros culpables de los retrasos han sido los propios andalucistas que idearon para esa zona un modelo de construcción que ha estado chocando año tras año con los informes desfavorables del Ministerio de Defensa hasta llegar a la intervención desafortunada de Mónica Melle, que además, no tenía ni idea de lo que Defensa quería hacer allí y por qué no aprobaba el PERI de Fábrica San Carlos.
Los andalucistas se empeñaron en ampliar el modelo de la Casería
Las vicisitudes del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Fábrica San Carlos, necesario para poder sacar provecho a la recalificación en residencial mediante un instrumento que no precisara de la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (al día de la fecha no están aprobados ni el PERI, ni la modificación del PGOU de 1992 ni el nuevo PGOU), fueron culpa del empecinamiento del Partido Andalucista de mimetizar en los terrenos de Fábrica San Carlos el modelo constructivo puesto en marcha en el Sector I Casería Norte, donde se llegaron a construir tres de las siete torres programadas cuando no se pensaba en la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Los distintos informes sectoriales del Ministerio de Defensa sobre ese modelo y lo que suponía contra la seguridad de la población militar de San Carlos fueron obligando a reducir las alturas de las once torres iniciales -también el número- y a entremezclarlas con otras construcciones que mantuvieran los niveles de edificabilidad establecidos en el contrato, pero que por contra iban convirtiendo la zona en un mazacote de viviendas sobre los 122.000 metros cuadrados de la antigua Constructora Naval.
El resultado, después de los últimos recortes, es que sólo se va a quedar una torre en la que se ubica el hotel, a cien metros de la población militar y la gran mayoría de las viviendas serán en bloques bajos.
A esos retrasos por los informes desfavorables de Defensa se une la ceremonia de la confusión de la señora Melle cuando dijo a los técnicos municipales que ya no se iba a construir un helipuerto en la zona y llevaban dos años construyéndolo. Que es lo que impide el visto bueno final.
La prepotencia de los andalucistas
Si muchos de los trenes que se han perdido en San Fernando han sido por el Urbanismo, también ahí no ha hecho falta que nadie de fuera haya puesto pegas -que las pusieron y muchas- porque los partidos políticos de San Fernando se han encargado de ponerse palos en las ruedas unos a otros para acumular retrasos. Y siempre por motivos políticos.
La aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana tuvo lugar en el año 2006 gracias al voto favorable del Partido Socialista, que como contraprestación obligó a los andalucistas a dejar sin pintar toda la zona de Fadricas y de Camposoto; esto es, las zonas de mayor proyección de la ciudad. El Partido Popular, que entonces era calificado por sus luego socios de gobierno como “el partido del no”, votó en contra.
A partir de la aprobación inicial y tras las elecciones de 2007, ya con PA y PP gobernando juntos, las resoluciones se aceleraron, pero los retrasos venían de atrás a través de los informes sectoriales de las demás administraciones con intereses en la ciudad, los ministerios de Medio Ambiente y de Defensa. Y en buena parte porque los andalucistas querían aprobar el PGUO por la vía de los hechos consumados, sin diálogo previo con los ministerios citados.
Consecuencia de esa prepotencia eran tales informes sectoriales que en 2007 dinamitaron la aprobación inicial que con tanto esfuerzo se había conseguido gracias al apoyo del PSOE.
El Ministerio de Defensa tiró por tierra las pretensiones de los andalucistas de construir una carretera de doble vía que atravesara la población militar de San Carlos -en buena parte para procurar accesos a la zona de FSC y Casería donde se iban a concentrar más de 10.000 personas en las 18 torres de pisos proyectadas entre las del Sector I y Sogescar- y también la que se pretendía construir desde la Glorieta a la Casería. Eran las llamadas rondas Este-Oeste y Norte-Sur respectivamente. Defensa permitía la primera si iba soterrada, aduciendo que por la zona militar circulaban vehículos lentos como los tanques y no podía pasar una autovía, mientras que la primera era posible si discurrían por el noroeste del Hospital de San Carlos. O sea, por fuera de la población militar.
Por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en cuyos dominios el gobierno andalucista también se había metido sin pedir permiso, se rechazaba el llamado Parque Empresarial de la Carraca, al menos hasta comprobar si entraba en el deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre, mientras que el pretendido cementerio en la salina Chapela -el PA estaba empeñado en cerrar el cementerio actual- fue rechazado porque ya existía un Cementerio Mancomunado.
También negó el enlace Tres Caminos-Carraca, entre otras cosas porque la mayor parte del trazado ocupaba terreno de Puerto Real, además de su afectación por Costas, y últimamente se ha desestimado el traslado del recinto ferial a la salina Belén por estar dentro del Dominio Público.
En la Magdalena, por cierto, el PGOU no recoge recinto ferial, sino uso residencial. Todo ello por no sondear antes las posibilidades. O llamar a la puerta antes de llegar al dormitorio.
