Los sindicatos con representación en la Diputación de Sevilla (UGT, CCOO, USO y Ustea) han convocado para este jueves 13 de septiembre protestas en todos los centros de trabajo del organismo supramunicipal, al objeto de expresar su rechazo a la aplicación que desde la entidad se está realzando del Decreto Ley 20/2012 de racionalización y reordenación del sector público.
Según han indicado a Europa Press fuentes del sindicato UGT, mayoritario en la Diputación, las movilizaciones tendrán lugar con concentraciones a partir de las 11,00 horas y a éstas están llamados todos los empleados de la plantilla, unos 1.700 aproximadamente, si bien la necesidad de no dejar desatendido el servicio hace difícil que todos puedan participar.
El motivo concreto de la convocatoria obedece a la "muy restrictiva" aplicación del decreto en la institución, destacando la generación de bolsas de horas, sin negociación, al no llevarse a cabo la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas según el formato estándar, lo que permite que la Diputación "tenga a su disposición este tiempo para llamar a los empleados cuando le plazca".
Los sindicatos, que también se manifiestan en contra de la supresión de permisos y de la paga extraordinaria --aluden al impago de cantidades registradas en convenio--, también han indicado, respecto a la negociación por el recorte en determinados complementos anunciado por el presidente de la entidad, Fernando Rodríguez Villalobos, que ésta aún no ha comenzado y que no se abordará hasta finales del presente año.
Respecto a este tema, los sindicatos firmaron en verano un documento conjunto en el que calificaban a Villalobos como "demagogo" ante el anuncio realizado por éste de que ha iniciado un proceso de negociación con los sindicatos bajo las premisas de dejar sin cubrir las vacantes y revisar las prestaciones a los trabajadores. Así, lamentaban la "demonización" de los empleados públicos y criticaban que no se cubran vacantes del personal laboral y el funcionario, mientras que "el eventual y el políticos sigue creciendo".
Por su parte, la Diputación, por boca de la responsable del área del Empleado Público, Carmen Arciniega, ha asegurado que la entidad, "como administración pública, por obligación y como imposición", debe "cumplir con las medidas" contempladas por el real decreto ley.
"Como administración pública que somos, tenemos la obligación de cumplir con la norma, es una cuestión impuesta que no depende de esta Diputación, aunque estemos en desacuerdo con la medida", ha dicho a raíz de las movilizaciones sindicales previstas.
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