El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha criticado este viernes que la Junta de Andalucía "ocultó", durante la etapa en que la que asumió las competencias de gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la deuda contraída con el contratista de las obras de las depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado (Huelva), fundamentales para el entorno del Parque de Doñana.
En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha señalado que el Ministerio trabaja ahora para que "a lo largo del año que viene, lo antes posible," se resuelva la situación "que se tenía que haber resuelto en su día, cuando asumió las competencias del Guadalquivir, la Junta de Andalucía".
"Asumir la gestión es asumir la depuración y es asumir los problemas que conlleva la gestión del agua. No simplemente asumirla por asumirla. Se trataba de resolver los problemas y esos problemas han vuelto al Estado sin resolver, pero los vamos a resolver", ha recalcado Ramos.
En una nota informativa, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete considera que el retraso en la puesta en marcha de estas depuradoras es "un ejemplo de la nefasta gestión" de la Junta durante los tres años en los que asumió las competencias sobre la gestión del río.
Una vez devueltas al Estado las citadas competencias, el Ministerio se vio "sorprendido" por el elevado número de obras y proyectos sin concluir y en los que ahora trabaja para recuperar este tiempo perdido. En concreto, según sus datos, en el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se han contabilizado 159 expedientes con información sesgada y de los que se ocultan deudas contraídas con los contratistas.
Así, en las depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado, el Ministerio ha tenido que recabar datos sobre las obras directamente al contratista, ya que la información facilitada por la Junta estaba "incompleta".
Como resultado de este trabajo, ha confirmado que esta administración "rechaza" asumir el pago de dos millones de euros que se deben al contratista, correspondientes a un modificado que la empresa sí ha ejecutado. El Ministerio mantiene que la citada deuda es la que ha paralizado completamente la conclusión de estas obras.
En la actualidad, el Ministerio sigue "de manera pormenorizada" la evolución de las afecciones provocadas por el retraso de la puesta en funcionamiento de estas depuradoras en el entorno de Doñana, en donde se ha detectado la presencia de aguas residuales urbanas, "pero que en ningún caso incluyen sustancias tóxicas o nocivas".
