El Ayuntamiento de Ronda y la Fundación Conservacionista Gypaetus se presentarán como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra el inculpado por el uso ilegal de cebos envenenados dentro del término municipal, “con lo que pretendemos reafirmar nuestra posición en contra de esta práctica ilegal”, dijo el concejal de Medio Ambiente, Rafael Flores.
Además, se entiende que la acción conjunta del Ayuntamiento y la Fundación Gypaetus constituye una muestra de colaboración a través de la Red Europea de Municipios contra el Veneno, para terminar con este grave problema de conservación de especies y de salud pública.
Flores recordó que durante el pasado mes de septiembre fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos el presidente de una asociación silvestrista de Ronda, acusado de colocar cebos envenenados en su finca. La zona donde se encuentra esta finca “está declarada como de especial importancia ecológica”.
En la investigación de este caso colaboraron el SEPRONA, la Patrulla Verde del Ayuntamiento de Ronda y agentes de la Consejería de Medio Ambiente. Se encontraron restos animales, uno de ellos de un perro, que presentaban posibles signos de haber sido impregnados con un potente veneno.
El edil explicó que la adopción de acciones legales a través de la acusación particular es una de las principales herramientas de la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados, y uno de los compromisos fundamentales adquiridos por los ayuntamientos constituyentes de las Redes Europeas de Municipios contra el Veneno. “La iniciativa conjunta de las entidades es una referencia de colaboración entre actores públicos y privados, dirigida a erradicar este grave problema”, puntualizó el concejal.
En este sentido desde Medio Ambiente se ha recordado que el uso ilegal de veneno en el medio natural es la principal causa de desaparición de numerosas especies como el águila imperial, el alimoche o el quebrantahuesos, y supone una amenaza muy grave para otras como el lince, el lobo o el oso. Pero también es un problema de salud pública, además de acarrear graves consecuencias legales para quien lo lleva a cabo.
