Según Soto, esta medida afectaría a unos 300 funcionarios del cuerpo de ayudantes del IIPP que están realizando su periodo de formación en Andalucía, concretamente en las provincias de Cádiz, Málaga y Granada, de los cuales unos 25 están efectuando estas funciones en Botafuegos.
En cuanto a sus destinos, Soto reseñó que “no les han informado -en referencia a los prácticos- sobre las plazas que van a dotar en los distintos centros para poder realizar una mínima planificación de su vida laboral y familiar”. De igual modo, la responsable andaluza de CSI-CSIF indicó que harían falta, al menos, 50 de estos funcionarios para suplir las bajas que provocan los traslados en la cárcel algecireña.
Por todo ello, la central sindical exigió que “por parte del Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se revisen las medidas adoptadas y no se permitan el menoscabo de los derechos de los trabajadores penitenciarios, realizando el proceso con total transparencia y aplicando los principios establecidos de igualdad, mérito y capacidad contemplados en nuestro ordenamiento jurídico”.
