Todos a una. Ese es el lema que se han marcado abogados, procuradores, jueces, fiscales y secretarios judiciales para luchar contra los perjuicios de la nueva Ley de Tasas y los malos tiempos que corren para realizar cualquier trabajo en la administración de la justicia. La prueba más evidente fue el seguimiento que tuvo la concentración del pasado viernes a las puertas de los juzgados de Tomás García Figueras, donde llegaron a juntarse más de 100 profesionales, ya que esta norma, ya aprobada pero cuya aplicación está paralizada, les afecta a todos, y por supuesto al ciudadano. “Ha sido una protesta histórica porque hemos estado todos unidos, han venido jueces y fiscales de Arcos, abogados, secretarios judiciales para denunciar el ataque a la independencia judicial que venimos sufriendo”, apunta el juez decano Juan José Parra.
La gota que ha colmado el vaso ha sido la controvertida ley, que contempla el pago de hasta 1.200 euros para el ciudadano que quiera interponer un recurso en los juzgados, provocando situaciones variopintas como que recurrir una multa de tráfico de 100 euros pueda costarle al interesado 300 euros. Lo tienen claro, de aplicarse, esta normativa provocará un efecto disuasorio, vulnerando el derecho de los jerezanos y de cualquier español de acudir a la justicia. Por ello, a lo máximo que ceden, como explica Parra, es a regularizar “pequeñas tasas disuasorias” pero de 30, 40 ó 50 euros “como máximo” en función del tipo de recurso y nunca las cantidades que contempla la nueva ley.
En un manifiesto, reclamaron además una batería de medidas como la necesidad de determinar la carga de trabajo de los juzgados en función de la población, una inversión “adecuada” o nuevas demarcaciones judiciales, entre otras muchas.
Pero todo son frentes abiertos, además de esta ley, los abogados también están en pie de guerra por los impagos del turno de oficio después de que 2012 esté a punto de concluir sin que la Consejería de Justicia les haya ingresado un euro de los servicios que prestan para que la asistencia jurídica gratuita pueda llevarse a efecto. Los ánimos están tan caldeados que el próximo martes en asamblea decidirán si dejan de prestar este servicio como medida de presión a la Junta.
