El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado la razón a un vecino de Lepe, Juan Miguel Martínez, que en 1987 inició un pleito contra el Ayuntamiento de la localidad, después de que no le concediese una licencia de obras y 25 años después tendrá que ser indemnizado.
La sentencia, que es firme, la ha emitido la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA, y apremia al Ayuntamiento lepero a cumplir con la indemnización para no entrar en la vía penal.
El caso comenzó en 1987, cuando dos vecinos de la localidad pidieron una licencia de obras para construir sendos chalés en la playa de La Antilla, aunque el Ayuntamiento, gobernado entonces por el socialista José Ángel Gómez Santana, ya fallecido, se la denegó.
Ambos vecinos presentaron sendos contenciosos que se fueron resolviendo por separado con el paso de los años, pero que finalmente han hecho que el Consistorio tenga que pagar los intereses generados, que han duplicado el principal que reclamaban como indemnización inicial, de modo que la deuda total con ambos supera los 600.000 euros.
El primer caso fue resuelto con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 1994, y condenaba al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 151.451 euros, más unos intereses de 90.208, aunque esta última cantidad está pendiente de actualizarse al no haber sido abonada desde entonces, hace 18 años.
La otra sentencia, también firme, es de 1999, y condenó al Ayuntamiento al pago de 175.815 euros más unos intereses de 175.096, cantidad esta última que sí ha sido actualizada finalmente y no será modificada si se abona sin iniciar otro proceso.
Ahora, el TSJA apremia al Ayuntamiento a pagar lo reflejado en la sentencia para evitar que esta pase a la vía penal, ante el tiempo transcurrido desde la publicación de la última sentencia sin que se haya satisfecho el pago, en una cantidad que asciende a 149.428,51 euros, tras ser abonada la misma cantidad en un primer pago en 2009.
A este respecto, el actual alcalde de la localidad, Manuel Andrés González, ha señalado que el Ayuntamiento "acatará esta sentencia como se acatan todas, para no caer en desobediencia judicial".
