El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que embargará bienes inmuebles a la Junta de Andalucía por valor de siete millones de euros, que es la cantidad que, según ha informado este martes el concejal de Economía, Francisco Ledesma (PP), mantiene de deuda "líquida, vencida y exigible" con la corporación municipal.
En rueda de prensa, Ledesma, que es además portavoz adjunto del equipo de gobierno local, ha señalado que el Ayuntamiento está harto de que la Junta se esté "cachondeando de los granadinos" en asuntos como la construcción del metro, en el día en el que se ha hecho público un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avala que el Gobierno andaluz pueda retener mensualmente más de 155.000 euros al Consistorio para financiar las obras, tal y como consta en el convenio suscrito al efecto.
El concejal ha aclarado que el auto, notificado el 29 de noviembre, rechaza la pretensión municipal de que se impusieran medidas cautelares contra la decisión de la Junta de retener al Ayuntamiento esa cantidad de su participación en los tributos del Estado, pero ha asegurado que desde el pasado mes de junio, fecha de la que data la resolución autonómica, está afrontando ese pago, que ascenderá a 933.000 euros a finales de este año.
Por ello, Ledesma ha contrapuesto el cumplimiento de la entidad local en los pagos del Metro con las deudas que aún mantiene la Junta con el Ayuntamiento, a quien debe un total de 18 millones de euros, de los que 7 puede cobrarse con el embargo de bienes patrimoniales. "Ya está bien de reírse de los ciudadanos", ha dicho el portavoz, que asegura que el Ayuntamiento va a ser leal y no va a recurrir el último auto del TSJA sobre el Metro.
Sin embargo, sí ha afirmado que el Consistorio mantiene su intención de denunciar el convenio para la financiación de esta infraestructura si la Junta no acepta la addenda incluida por el Ayuntamiento, aunque sí que acudirá a la reunión prevista para el 26 de septiembre sobre este aspecto. La única salida para que esa denuncia no se produjera sería la elaboración de un nuevo convenio porque, según ha recordado, aún no se ha aclarado de dónde van a salir los 600 millones que, según sus cálculos, supondrá la obra, una cifra que dista mucho de los 30 previstos inicialmente
