Los 46 trabajadores despedidos por el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) el pasado mes de julio recuperan hoy sus empleos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declarase nulo el ERE planteado por dicho Consistorio. La reincorporación de estos trabajadores a sus puestos se produce apenas un par de semanas antes de que el TSJA aborde la demanda colectiva presentada por los sindicatos para tratar de tumbar el ERE que supuso el despido de 260 empleados municipales.
El presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de La Oliva, José Manuel Reyes, expresó ayer su confianza en que el juez que aborde la demanda de Jerez tenga en cuenta el “precedente” que sin duda supone la sentencia del TSJC, que basa la nulidad del procedimiento en la “absoluta falta de voluntad negociadora” mostrada por el Consistorio a lo largo de un procedimiento “únicamente encaminado a imponer rígidamente y sin cesión alguna su decisión, ya adoptada, sin ofrecer alternativas ni dilucidar sobre las medidas” propuestas por los representantes de los trabajadores.
Se da la circunstancia de que ese mismo es uno de los argumentos esgrimidos en Jerez por las diferentes secciones sindicales, lo que motivó que las negociaciones mantenidas con Deloitte a lo largo del periodo de consultas resultaran estériles.
La readmisión de los trabajadores despedidos en La Oliva no cierra el conflicto en este Ayuntamiento. El propio José Manuel Reyes advierte de que los próximos van a ser unos meses “muy duros” para la plantilla, entre otras cosas porque el propio Gobierno local ya ha advertido de que no dispone de los recursos económicos necesarios para hacer frente al abono de las nóminas.
“Nos tendremos que sentar con la empresa para ver si existe alguna salida. Lo que está claro es que todos nos encontramos ante una situación nueva, por lo que no sabemos qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora”, explicó el presidente del comité de empresa.
El segundo clavo al que agarrarse
La decisión adoptada por el TSJC no es la primera que alimenta las esperanzas de los trabajadores municipales que fueron despedidos el pasado mes de septiembre. Recientemente, el propio TSJA dictó de manera favorable a los intereses de los afectados por un ERE promovido por una empresa privada, declarando nulo el despido colectivo por falta de concreción en el proceso seguido por la empresa para seleccionar a los trabajadores afectados. El auto afirma que no se concreta, “aparte de generalidades”, cuáles fueron las razones que llevaron a la sociedad a prescindir de unos determinados trabajadores.
Y ese es, precisamente, el otro de los argumentos esgrimidos por las secciones sindicales en la demanda que este mismo tribunal abordará en apenas un par de semanas. De hecho, en las propias actas de las reuniones que mantuvieron los representantes de los trabajadores con la consultora Deloitte se pone de manifiesto que “no existe ni un documento, ni un informe de valoración persona a persona” que justifique los criterios de selección de los despedidos.
Deloitte trasladó a los sindicatos el mensaje de que la relación se había realizado en base a un “proceso de valoración continua” llevado a cabo por los responsables de cada delegación municipal.
Como puede comprobarse, la falta de voluntad real de negociación y la ausencia de concreción de los criterios que justificaron la selección del personal despedido han sido motivos suficientes para declarar la nulidad de procedimientos similares al promovido desde el Consistorio jerezano.
Sin capacidad presupuestaria
El Ayuntamiento de La Oliva deberá abonar a los trabajadores readmitidos el salario de estos últimos meses, así como el importe de las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. El hecho de que la sentencia del TSJC se hiciera pública el pasado 20 de diciembre permitió, al menos, que no se cerrara la aprobación del presupuesto municipal.
En el caso de Jerez, una hipotética resolución favorable a los trabajadores dificultaría aún más el margen de maniobra del Consistorio, toda vez que los presupuestos sí que están aprobados, contemplando una reducción del capítulo de Personal sustentada precisamente en el despido de 260 trabajadores. Eso sí, el Ayuntamiento recuperaría el dinero de las indemnizaciones de aquellos empleados que optaran por regresar a sus puestos.
El TSJC ha tardado algo más de tres meses en emitir la sentencia que declara la nulidad del procedimiento. Eso significa que los trabajadores afectados por los despidos en Jerez podrían mantener la incertidumbre sobre su futuro hasta finales de abril. En caso de que se decretara su readmisión, el Consistorio debería abonarles por tanto alrededor de ocho nóminas, aunque recuperaría el importe de las indemnizaciones.
