Más allá de calmar las aguas, el anuncio de pagos de la Junta de Andalucía al turno de oficio a partir de febrero ha avivado más si cabe la brecha que separa a los letrados de la Administración andaluza. A raíz del comunicado de la Consejería de Justicia, el Consejo Andaluz de Abogados, al que pertenece el de Jerez, acordó relajar las medidas de presión, que no eliminarlas, a la espera de que se produzca el primer pago. Ello implica que continuarán prestando el servicio de asistencia jurídica gratuita un día a la semana, los miércoles -lo que está originando colas de casi un centenar de personas- pero que en caso de que en febrero no se realice el ingreso prometido, las acciones se endurecerán.
Sin embargo, con lo que no contaban es con que la visita del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, iba a venir acompañada de un ultimátum. Directo y tajante se mostraba el representante del Gobierno andaluz en un aviso para navegantes que resultó bastante clarito: si el servicio de asistencia jurídica gratuita en Jerez registra “deficiencias” a la hora de prestarse y los usuarios no tienen cubierto este derecho una vez que los abogados cobren los atrasos de 2012, la Junta se planteará “acciones legales”.
Consciente de que precisamente ha sido la institución local la que ha llevado el peso de las reivindicaciones para exigir a la Junta que saldara toda la deuda de 2012, López Gil defendió que una vez que a mediados de año la Consejería de Justicia haya hecho frente a los tres pagos acordados desde febrero “estaremos en mejor situación que nunca”. En este sentido, resaltó el “esfuerzo presupuestario” del Gobierno andaluz para afrontar el montante global que adeuda a nivel andaluz y que sólo en el caso de Jerez es de 674.000 euros, así como el hecho de que frente a otras comunidades autónomas que han dejado de costear este servicio, la Junta lo ha mantenido.
Frente a la inquietud que le mostraron desde el Colegio de Abogados por el recorte de un 10 a un 5 por ciento de la subvención de los gastos de mantenimiento de las instalaciones de la calle Sevilla, descartó que estos “gastos mínimos” vayan a generar un problema. En el otro extremo, los abogados le aseguraron ayer que a medio plazo este asunto puede demorar entre 30 días y seis meses la asignación de abogados de oficios. Por ello, les pidió mesura y les adviertió que aunque no paguen el cien por cien de los gastos de mantenimiento, los usuarios no tienen que notarlo.
“Perplejo”, como él mismo reconoció, ha dejado al decano del Colegio de Abogados de Jerez, Marcos Camacho, este toque de atención. “Ellos llevan demorándose 30 años en el pago de la asistencia jurídica gratuita y nunca se les ha llevado al juzgado. El Colegio presta el servicio con corrección, dignidad y diligencia y los ciudadanos lo valoran bien y se presta con las garantías, pero esta institución no es responsable de que la Junta haya reducido en un 50% el pago de los gastos de infraestructuras”, señaló.
En este sentido, Camacho también lo tiene bastante claro: “Antes de amenazar con demandas que estén al día, entonces tendrán legitimación para anunciar o interponer denuncias”, añadió, tras considerar “desafortunados” los comentarios de López Gil, que también cuestionó el gasto en infraestructuras de los abogados jerezanos. “Nosotros prestamos el servicio con los medios que nos suministran, el Colegio de Abogados no gana dinero con los gastos de funcionamiento, sino que justifica estos gastos ante la Junta y esta los abona. Por tanto el colegio no se queda con dinero para otros fines, sino que el dinero que se transfiere se queda en el turno de oficio”, sentenció.
La Ciudad de la Justicia, más aparcada que nunca
En su visita a Jerez López Gil descartó avances en el proyecto de la Ciudad de la Justicia por “falta de capacidad financiera”. Después de años especulándose sobre su ubicación que han acabado relegando a la utopía a esta actuación, el representante del Gobierno andaluz dejó claro que el momento actual no permite sacarlo adelante. Además, matizó que no se trata sólo de que no sea el mejor momento para la Administración autonómica, sino porque "las empresas privadas que podrían encargarse de las obras no encuentran financiación". Así, López Gil puso el ejemplo de otros proyectos como el de Jerez que están incluso licitados y con el suelo adjudicado y que "no van a salir adelante porque no existe la financiación ni es rentable", añadió. Pese a todo, el delegado recalcó que los jerezanos cuentan con instalaciones judiciales de calidad, y que el compromiso de la Junta de Andalucía a este respecto pasa por mejorarlas aún más para que no se eche en falta una actuación como la Ciudad de la Justicia y para que el servicio que reciban sea “el mejor”.
