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Las familias de los jóvenes fallecidos en accidente recurrirán en el TS el indulto al conductor

Así lo ha anunciado el director del Departamento de Derecho Penal del despacho de abogados Lemat, que representa a las familias, Manuel M. Ocaña, que confía en que el Supremo "revise" si se han cumplido "todos los elementos reglados y necesarios" para la concesión del indulto

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Las familias de los tres jóvenes de 15, 17 y 21 años que fallecieron en un accidente de tráfico en Huétor Santillán (Granada) durante el verano de 2008 van a presentar un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo (TS) para intentar anular el indulto parcial que el Gobierno de España concedió el pasado 21 de diciembre al conductor del coche en el que viajaban, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada a tres años y tres meses de cárcel. 

   Así lo ha anunciado este jueves el director del Departamento de Derecho Penal del despacho de abogados Lemat, que representa a las familias, Manuel M. Ocaña, que confía en que el Supremo "revise" si se han cumplido "todos los elementos reglados y necesarios" para la concesión del indulto, que le ha rebajado al acusado, Rafael H.G., de 33 años, la condena a dos años de prisión --lo que le evitará pisar un centro penitenciario al no tener antecedentes--.

   Ocaña ha admitido sin embargo que el indulto es "irrevocable" de por sí y que no existen precedentes de revocación de estas medidas de gracia por parte del Gobierno, que tiene una "potestad discrecional" y "amplio margen" para concederlos.

   No obstante, según Ocaña, que además fue el fiscal que recurrió ante la Audiencia la primera sentencia del Juzgado de lo Penal 2, logrando un aumento de la condena, el TS puede revisarlo en tanto que se considera un "acto administrativo" al haber sido otorgado mediante Real Decreto.

   Además, ha advertido de que la norma en la que se ampara el Ministerio de Justicia para la concesión de los indultos es una Ley que data de 1870 (con una reforma operada en 1988), que sigue aplicándose pese a generar "espacios de impunidad no sometidos a control por los jueces".

   Con el recurso, que se prevé formalizar en las próximas semanas, las familias pretenden que se determine la "no ejecución" de las consecuencias del indulto, con respecto a la suspensión de la pena privativa de libertad a la que habría de haber hecho frente.

   De hecho, Ocaña ha considerado que en este caso no se da un "elemento esencial" para su concesión, como es el "arrepentimiento" ya que el condenado no ha adoptado una actitud de "absoluta discreción y respeto al dolor de las víctimas", ya que incluso "provoca" a las familias, con las que se ha cruzado distintas denuncias por amenazas e insultos.

   El padre de uno de los fallecidos, Manuel Hidalgo, ha indicado que las familias están "indignados" con el indulto, que recibieron como un "mazazo", por lo que no están dispuestas a "escatimar" esfuerzos y llegarán hasta "donde haga falta", sin descartar encadenarse o huelgas de hambre.

   Hidalgo se ha quejado además de que el condenado "se pasee libremente" por el pueblo de Huétor Santillán, mientras que las familias hacen lo posible por evitar encontrarse con él.

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