El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha ordenado el embargo preventivo por una cuantía de un millón de euros de bienes relacionados con una sociedad financiera dedicada a la gestión de préstamos, la cual fue declarada en concurso necesario el pasado mes de diciembre a instancias de un grupo de pequeños inversores. Esta medida se acuerda para asegurar el futuro pago a los que se declaren acreedores.
El proceso concursal, que fue instado ante la imposibilidad de cobro por una veintena de personas que habrían depositado parte de sus ahorros en la empresa Servicios Jurídicos Financieros Sudesa SL, se acordó al entender el juez acreditado que la sociedad pasaba por momentos "complicados" en cuanto a liquidez y tenía deudas, algunas con solicitantes del concurso. Además, se constató que no presenta cuentas desde 2007.
Por esto, se acordó la declaración de concurso necesario y se nombró una administración concursal, que solicitó la medida de embargo preventivo "para asegurar las eventuales responsabilidades en caso de que el concurso se calificase de culpable", según consta en una de las resoluciones del juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press. También se pedía el embargo y administración de otras cinco empresas relacionadas.
El juez señala que junto al administrador actúan otras tres personas, con relaciones familiares entre ellos, como apoderadas de la empresa y del resto del entramado societario, apuntando la posibilidad "de que los mismos hayan podido intervenir en la situación de insolvencia de la sociedad". Por tanto, entiende que existen las condiciones para adoptar el embargo preventivo de bienes y cuentas de estas cuatro personas.
Asimismo, el magistrado añade, en la resolución en la que se acuerda la medida preventiva, que la petición de administración judicial de bienes es igualmente "oportuna" en este caso, por esa relación entre los apoderados y de éstos y el administrador con esas otras empresas, las cuales "aparecen como parte en alguno de los contratos de préstamos" suscritos por la mercantil principal con los inversores.
Al respecto, se apunta que a través de estas empresas "se podría estar evacuando igualmente patrimonio tanto personal como de la propia concursada, mediante operaciones financieras, contables o fiscales", por lo que se estima necesario "el control de esas sociedades" para asegurar los posibles pagos. Además, se precisa la "falta de colaboración" por parte del administrador anterior "por la no entrega de documentación".
El juzgado también pone de manifiesto para acordar la medida que "la descomunal carga de trabajo que soporta este órgano judicial provocará que la resolución del concurso se dilate en el tiempo sobremanera" y alude a que si no se adopta, los acreedores "no tendrán otra opción más que encomendarse en caso de una eventual condena a la suerte de poder cobrar". Por el momento, son una veintena de afectados, representados por el despacho IFS Abogados y que han abierto un blog, los que han instado este proceso.
