El secretario general de la sección de UGT en la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), Fernando Castilla, ha negado cualquier relación del comité de empresa o la plantilla con los "actos vandálicos" aludidos por el Consistorio hispalense en el marco de la huelga indefinida convocada en esta empresa pública. Castilla ha recordado que los trabajadores de Lipasam están cumpliendo plenamente los servicios mínimos y ha dicho a Europa Press que el Ayuntamiento, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), está promoviendo "una guerra de desprestigio" contra los empleados.
"Esos actos vandálicos no son cosa del comité de empresa o de la plantilla", ha enfatizado Fernando Castilla, quien insiste en encuadrar las denuncia del Ayuntamiento, socio único de Lipasam, en una supuesta "guerra de desprestigio". Por lo demás, ha asegurado que no media ningún contacto entre las partes en liza y que los trabajadores volverán a concentrarse esta madrugada, hasta las primeras horas de la mañana, en las instalaciones del parque de los Príncipes.
Los servicios mínimos decretados por la delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para este paro técnico contemplan para la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) un 30 por ciento de los efectivos durante las dos primeras semanas y un 40 por ciento a partir de la tercera, mientras para la limpieza viaria queda estipulado un 30 por ciento del personal durante las dos primeras semanas y un 35 por ciento a partir de la tercera.
El documento oficial de los servicios mínimos, firmado por la delegada del ramo, Aurora Cosano, y recogido por Europa Press, expone también que para los servicios comunes, deben trabajar para cada uno de los dos turnos un mecánico, un encargado y un capataz. Los centros sanitarios, mercados de abastos, colegios y mataderos contarán con un cien por ciento de servicios.
El motivo del nuevo paro, según el comité de empresa de Lipasam, no es otro que la fórmula elegida por la dirección para aplicar la reducción salarial del cinco por ciento acordada para esta sociedad municipal, así como el modelo de aplicación de la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aspectos ambos de obligatorio cumplimiento y contenidos en el acuerdo firmado en abril de 2012 entre las partes para desconvocar la huelga promovida entonces en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.
El comité de empresa defiende que el plan de ajuste promovido por el Ayuntamiento de Sevilla para atenerse al mecanismo estatal de pago a proveedores contemplaba ya una rebaja salarial del cinco por ciento en esta sociedad municipal. Pero en 2012, esta medida fue aplicada reduciendo un cinco por ciento el capital global destinado al capítulo de personal en las cuentas de Lipasam, con lo que el recorte en cuestión fue diluido en diferentes aspectos del capítulo de personal, pero no tuvo incidencia directa sobre las nóminas de los trabajadores. Sin embargo, la dirección de Lipasam pretende aplicar en 2013 "una reducción salarial pura y dura" en los emolumentos que mensualmente reciben los empleados por su trabajo, según los sindicatos.
Además, los representantes de la plantilla se oponen a la fórmula diseñada por la dirección de Lipasam para aplicar el real decreto Ley 20/2011 de medidas presupuestarias, tributarias y financieras para la corrección del déficit público, que entre otros aspectos y recortes amplía a 37,5 horas semanales la jornada laboral del sector público.
Según el comité de empresa, Lipasam aplica desde el pasado mes de septiembre esta ampliación de la jornada laboral, pero ahora, la dirección de esta sociedad municipal "pretende que trabajemos 35 horas semanales y que las horas restantes hasta las 37,5 sean trabajadas en días marcados como descansos en Semana Santa, la Feria de Abril o la Navidad", extremo que tendría una repercusión directa sobre las contrataciones eventuales que Lipasam promueve en estas fechas para que sus servicios se atengan al incremento de la demanda y los descansos de la plantilla. Según Bazo, esta fórmula afectaría a "más de 400 contrataciones" eventuales que tradicionalmente realiza Lipasam en tales periodos para reforzar su plantilla a través de su bolsa de empleo.
El Gobierno municipal del PP, de su lado, esgrime el acuerdo firmado el pasado mes de abril entre ambas partes, dado que este acuerdo contempla, en efecto, la reducción salarial y la ampliación de la jornada laboral. El Equipo de Gobierno avisa de que es necesario acometer estos "ajustes" en Lipasam para garantizar su viabilidad y estabilidad y recuerda que las medidas no afectan a la continuidad de los puestos de empleo.
Igualmente, el equipo de Gobierno considera que convocar una huelga indefinida como la que media en este conflicto constituye una "irresponsabilidad" y atisba matices "políticos" en el paro técnico. Por eso, la posición del Gobierno municipal es que la institución no debe ceder ante "chantajes" como los que significan esta convocatoria de huelga indefinida.
