Un jurado popular va a juzgar a partir de las 10.00 horas de este lunes horas a J.M.M.A., acusado de matar a A.E.C., tras golpearlo con una pala en una caseta situada en la localidad de Ayamonte, donde ambos convivían, después de mantener una discusión doméstica por motivos desconocidos. El juicio se celebrará ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva.
Según reza en el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha pedido un total de 16 años y medio de prisión por un delito de asesinato y también el pago de una indemnización a la madre de la víctima, que alcanza los 74.305,87 euros.
El Ministerio Fiscal considera probado que sobre las 22,45 horas del día 31 de marzo de 2011 en una caseta situada detrás de un restaurante pizzería de la localidad de Ayamonte, el acusado, mayor de edad y habiendo sido condenado en sentencia firme a la pena de seis meses de prisión por un delito de robo con fuerza, sostuvo una discusión doméstica, por motivos desconocidos, con la víctima, con quien convivía en la caseta reseñada.
Según entiende la Fiscalía, el acusado entró en la habitación portando una pala metálica con la que, aprovechando que A.E.C., presentaba una elevada dosis de etanol en sangre, lo que provocaba una alteración importante de su estado de conciencia y una situación de especial vulnerabilidad, le golpeó de forma sorpresiva en la cabeza, cayendo éste sobre un camastro boca arriba, inconsciente, y una vez que se encontraba tumbado y sin ninguna posibilidad de defensa, el acusado le asestó múltiples golpes en la cabeza, ocasionándole severos traumatismos en la cara y cabeza que provocaron su fallecimiento.
Inmediatamente después de cometer estos hechos el acusado se dirigió voluntariamente al cuartel de la Guardia Civil de Ayamonte donde llegó gritando a los agentes "lo he matado, he sido yo, detenedme".
Durante el juicio declararán el acusado, en prisión desde que ocurrieron los hechos, y varios testigos, entre familiares de la víctima, agentes de la Guardia Civil y médicos forenses.
El fiscal, para el caso de que la sentencia que se dicte fuera condenatoria y la pena impuesta superior a cinco años de prisión, interesa la aplicación del periodo de seguridad, de forma que el penado no pueda ser clasificado en tercer grado penitenciario hasta que cumpla al menos la mitad de la pena.
