Una mesa de trabajo, constituida por miembros del Área de Medio Ambiente, la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), los servicios sociales de la Junta Municipal de Distrito de Palma-Palmilla y representantes vecinales, se hará cargo de estudiar de forma individual las reclamaciones de deuda por consumo de agua que aún están pendientes de cobro.
El acuerdo ha sido adoptado en una reunión celebrada en la sede del Área de Medio Ambiente, de la que ha informado el Ayuntamiento en un comunicado y en la que han participado la concejala de este departamento, Ana Navarro, y la de Palma-Palmilla, Mar Torres, con los portavoces designados al efecto por una asamblea vecinal.
En el transcurso de este encuentro las concejalas han expresado la voluntad del Ayuntamiento de encontrar una solución a los casos que se presenten a estudio, siguiendo el trabajo que se ha iniciado tanto desde Emasa como desde la propia Junta Municipal de Distrito, consistente en el estudio de forma individualizada del problema.
La edil de Medio Ambiente ha manifestado la necesidad de enfocar esta labor siguiendo el mismo criterio en toda la ciudad de Málaga, independientemente del distrito del que provengan los afectados, y que se permita a la futura mesa de trabajo que resuelva cada uno de los casos atendiendo a las circunstancias socioeconómicas. Según ha señalado en la reunión, "se va a estudiar cada caso y cada familia".
PROCEDIMIENTO
Los problemas expuestos por los representantes de los afectados tienen relación con la reclamación de deudas por impago del consumo de agua. En este tipo de situaciones, Emasa se pone en contacto con cada interesado a fin de negociar el procedimiento de regularización del cobro, adaptado a la circunstancia socioeconómica de cada afectado, entendiendo como interesada a la persona que le consta que ocupa la vivienda suministrada por el contador.
En el caso de que se agote la vía de la negociación sin que se reanude el pago del agua, Emasa inicia un procedimiento civil cuyo efecto nunca es el ingreso en prisión y que se intenta solventar hasta el último momento mediante un acuerdo con los afectados, que es trasladado al juzgado para que dé por finalizado el procedimiento abierto.
Las situaciones que han llegado a la vía penal responden a la supuesta comisión de un delito de defraudación de agua, al comprobarse que en una vivienda se ha producido un enganche ilegal, de forma reiterada en ocasiones, y que, por tanto, se está realizando un consumo de la misma sin pagar.
En la tramitación de estas denuncias, en el caso de no tener acreditado el titular del contador, se cuenta con la colaboración de la Policía Local, que es la encargada de determinar quiénes son los ocupantes de la vivienda, en la que se ha producido el enganche ilegal.
Estos casos, que culminan normalmente con sentencia condenatoria, suelen finalizar con la conformidad del acusado, sin que tampoco suponga su ingreso en prisión, ya que el delito no lleva aparejado el castigo de prisión, sino la pena de multa.
