La alcaldesa y presidenta del PP de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido este pasado domingo la Intermunicipal del Partido Popular Andaluz, donde los alcaldes y portavoces de los grupos municipales del PP de todas las provincias andaluzas han profundizado sobre la reforma de la administración local propuesta por el Gobierno de la Nación.
García-Pelayo, que ostenta el cargo de presidenta de la Intermunicipal desde el último congreso del PP andaluz, ha acudido a Córdoba, lugar donde ha tenido lugar el encuentro de los máximos representantes de la política municipal del PP en Andalucía, acompañada por el teniente de alcalde, portavoz del Grupo Municipal Popular de Jerez y secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, así como por la secretaria general del PP de Jerez, Lidia Menacho, y el vicesecretario local, Antonio Montero.
La importancia de esta cita de los máximos dirigentes del PP andaluz ha sido refrendada por la presencia de Javier Arenas, vicesecretario nacional del PP de PoliÌtica AutonoÌmica y Local, y del presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido.
Durante la Intermunicipal popular, inaugurada por la alcaldesa de Jerez, los responsables populares han celebrado una mesa de debate sobre la Reforma de la AdministracioÌn Local, moderada por Carolina GonzaÌlez Vigo, coordinadora de PoliÌtica Municipal del PP-A, y en la que han intervenido Manuel Cobo, secretario de PoliÌtica Local (ponente), María AÌngeles Muñoz, Presidenta de la FAMP, Antonio Sanz, presidente del PP de Cádiz y secretario de Administraciones Territoriales, y Juan JoseÌ MatariÌ, secretario de PoliÌtica AutonoÌmica.
De la modernización de la reforma de la administración local, que en estos momentos es un anteproyecto de ley, los populares andaluces han destacado que se trata de una de las más ambiciosas y avanza en los compromisos de investidura de Mariano Rajoy.
En este sentido, tal como se ha concluido en la Intermunicipal, la reforma está enfocada a la eficacia de la administración, definiendo las competencias y realizando un mayor control del gasto, para adaptar la administración local a los principios de equilibrio presupuestario.
La segunda clave de la reforma es la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, así como es fundamental el ahorro, que se estima en unos 7.000 millones de euros entre los años 2013 a 2015. 

El cuarto pilar de la nueva ley es la calidad: profesionalización, evaluación y seguimiento del funcionamiento de la administración, para asegurar que los ciudadanos reciben un servicio de calidad.


Asimismo, durante el encuentro, se definieron las principales novedades de la reforma, como que por primera vez se clarificarán las competencias municipales por ley, bajo la máxima ‘una administración, una competencia’.
 Se ha dejado claro, además, que no se reducen competencias: el objetivo es evitar duplicidades, definiendo qué competencias presta cada administración, cómo las presta y con qué dinero.

Otra de las novedades es que en el anteproyecto se fija un coste estándar para cada servicio público, así como que en el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes que no lleguen a la cobertura exigida, la gestión estos servicios dependerá de las diputaciones.

Por otro lado, se racionaliza el sueldo de cargos electos y la función de los asesores; de los 68.285 concejales existentes en España, tendrán dedicación exclusiva 12.188. 
Y los Presupuestos Generales del Estado serán los que fijarán los límites máximos de los sueldos.

Respecto a este asunto, la reforma prevé que el sueldo de los alcaldes dependa del número de habitantes, así los alcaldes no podrán cobrar más que un Secretario de Estado y los de las localidades de menos de 1.000 habitantes no tendrán retribución.

Otros puntos clave que plantea la reforma y que han sido debatidos hoy en Córdoba han sido los siguientes: Reducción de personal eventual o de apoyo, se fortalece el papel de los interventores locales para dotarles de mayor imparcialidad y garantizar el control financiero y presupuestario más riguroso
, las mancomunidades y ayuntamientos menores deberán presentar sus cuentas en tres meses, si no desaparecerán, y que durante la vigencia del plan de ajuste, los ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo y deberán corregir el déficit de sus empresas dependientes.
