El Grupo Municipal de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en el próximo pleno las reivindicaciones que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Huelva quiere que se aborden en dicha sesión plenaria. El concejal de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Huelva, Juan Manuel Arazola, explica que la última sesión plenaria, al final de la misma, integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) quisieron dirigirse a todas y todos los integrantes de la Corporación municipal para plantear sus reivindicaciones, “sin embargo el alcalde, Pedro Rodríguez, seguido por casi todos sus concejales abandonaron a toda prisa el salón de plenos como ha hecho en las tres últimas sesiones plenarias y fuimos únicamente los integrantes de los grupos de la oposición los que nos quedamos para atender las propuestas que la PAH quería hacer ante el pleno municipal”.
Arazola considera que “este tipo de situaciones en las que el PP se niega a atender las reivindicaciones y propuestas que colectivos y personas quieren realizar en el transcurso de los plenos se pueden solucionar fácilmente con la voluntad de todos regulando y facilitando canales de expresión directa para la ciudadanía para que puedan formular preguntas, quejas, consultas y propuestas ante el Pleno”. No obstante, “mientras el equipo de gobierno del PP mantenga su negativa a esta medida que facilitaría la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Huelva, el grupo municipal de IU LV-CA se pone a disposición de todos aquellos colectivos que lo requieran para formular a través de nuestras mociones sus demandas en las sesione plenarias, como vamos a hacer en el próximo pleno con las de la PAH”. La iniciativa de IU LV-CA recoge un total de doce medidas que pide que el Ayuntamiento de Huelva asuma en beneficio de las personas afectadas por los desahucios y en reivindicación del derecho a una vivienda digna, que Izquierda Unida comparte y defiende.
Exigencias a la ministra Báñez
Por otro lado, el coordinador provincial de IU LV-CA, Pedro Jiménez, ha exigido a la ministra Fátima Báñez que inste a la empresa de sus familiares, Carnes Báñez, a que cumpla la sentencia firme emitida por el juzgado de lo social número 2 que le obliga a readmitir a los cinco trabajadores que despidió en junio de 2012 y a pagarles los salarios correspondientes al tiempo a que han estado despedidos. Jiménez le recuerda a Báñez que la sentencia declara nulos estos despidos y establece que no existe justificación para un despido colectivo por motivos económicos. En este sentido, el coordinador provincial de IU LV-CA le exige a Báñez que “sea excrupulosa con el cumplimiento de lo que determina la justicia y la ley y reclame directamente a sus familiares que cumplan de inmediato con lo que esta sentencia les obliga”.
“No hay que bajar la guardia en la defensa de la línea Huelva-Zafra”
Por último, Jiménez ha dicho que “tras haber conseguido dos aplazamientos de la eliminación de los trenes en la línea férrea Huleva-Zafra que pretende llevar a cabo el gobierno del PP, no podemos bajar la guardia en este tema y tenemos que seguir movilizándonos y tomando medidas conjuntas con todos los colectivos y organizaciones que defendemos el mantenimiento de esta línea como la reunión que vamos a mantener el próximo martes con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados” y a la que van a asistir el propio Jiménez y dirigentes provinciales del PSOE, CCOO, UGT y de la FOE.
Propuestas por el derecho a la vivienda que se recogen en la moción de IU LV-CA:
1. Eliminación o exención del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas por desahucios que sufran la pérdida de su vivienda habitual en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda.
2. Revisión de los protocolos de actuación de los servicios sociales municipales para que, entre otros, ninguna familia más se vea amenazada con perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio, colaborando por el contrario con la petición al juez de la suspensión del desahucio cuando éste lo sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
3. En los casos en que no se pueda impedir el desahucio, garantizar el inmediato realojo en una vivienda digna en régimen de alquiler social asequible, a poder ser en el mismo barrio.
4. Hacer un censo con carácter urgente de los pisos vacíos en manos de las entidades financieras para luego poder aplicar medidas que fuercen su puesta inmediata en alquiler social asequible, desde una recarga del IBI hasta la expropiación temporal de su uso.
5. Interpelar a las entidades financieras que operan en el municipio para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. En caso de no obtener respuesta por parte de éstas, aplicar medidas sancionadoras. Buscar entidades financieras alternativas con el objetivo inmediato de retirar los fondos que tenga este Ayuntamiento con bancos que realicen desahucios
6. Evitar que las familias desahuciadas sigan recibiendo los cargos correspondientes al Impuesto de Bienes Inmueble (IBI).
7. Colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento con las familias víctimas de un desahucio o ejecución hipotecaria en todos los casos que lo requieran.
8. Que todos los miembros del Pleno participen activamente en la paralización de los desahucios.
9. Que el Ayuntamiento realice las gestiones para que no haya un solo piso municipal vacío, y que éstos se empleen en dar solución a estos casos. No pueden existir personas en la calle cuando hay muchas casas vacías.
10. Declararse públicamente Municipio contra los desahucios.
11. No poner a la policía municipal a disposición de órdenes de desahucio
12. Instar al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida de buena fe, se aplique la dación en pago regulada en el art. 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.
