La Comisión de Hacienda aprobaba ayer la adjudicación de la instalación y explotación del quiosco-bar del parque infantil de los Descubrimientos a la oferta presentada por Daniel García, aunque sólo contó con los votos del PP ante las “anomalías” detectadas por el PSOE: el proyecto es el mismo que el que había sido excluido en la primera convocatoria y, además, el canon es inferior al que el propio interventor aconsejaba.
La adjudicación, que formaba parte de otras tres similares llevadas a la comisión, es, ciertamente, “anómala” y ni siquierda los representantes del Ayuntamiento pudieron explicarle a la edil socialista Susana López, por qué se repetían los proyectos. Aunque no es sólo ese detalle el que extraña en el proceso.
El concurso para hacerse con este quiosco bar se abrió como procedimiento negociado, es decir, el Ayuntamiento invita a varias empresas a participar, y en su primera convocatoria se presentaron cuatro, excluyéndose tres de ellas por distintos motivos y resultando adjudicataria Vistalegre. La oferta fue de 68.815,24 euros, incluyendo la instalación y explotación, por una concesión de diez años y canon de algo más de 6.000 euros al año.
Hasta aquí, todo normal, hasta que el director de Medio Ambiente comprueba que Vistalegre no está dada de alta en el IAE de hostelería. Revocan la adjudicación y vuelven a abrir otro procedimiento negociado en el que invitan a tres empresas y a un autónomo.
De las tres empresas, una de ellas -Spring Host- tiene relación con la primera adjudicataria y la excluyen por no cumplir los mismos requisitos que la anterior, mientras las otras dos quedan también excluidas.
Resulta adjudicatario y cumpliendo todos los requisitos, Daniel García, pero tanto su proyecto técnico como el de explotación coinciden como dos gotas de agua con los presentados originariamente por Vistalegre, extremo que ha comprobado Viva Sevilla.
Según López, encontrarse con esas coincidencias “genera sospechas” y no podían votar a favor sin explicaciones a esas “anomalías”. “Pedimos que aparcaran el punto”, pero sólo han conseguido que les prometan explicaciones posteriores. Finalmente, El PSOE votó en contra e IU se abstuvo en ese punto.
El canon a la baja -el interventor lo estimaba en unos 97.381 euros sin cerramiento y se ha fijado en 68.815-, aunque es una práctica habitual y legal, está bien para estimular la economía pero “ponderar tanto lo económico va en detrimento de las condiciones de los trabajadores”.
